Pedicone reta a legisladores a celebrar una audiencia pública

En términos del póquer, Enrique Pedicone redobló la apuesta. Ocurre que el juez de Impugnación de esta capital y denunciante del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, se presentó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura para manifestar su intención de responder los siete pedidos de destitución que enfrenta en una audiencia oral y pública. La propuesta incluso tiene fecha de celebración: 29 de octubre. Si el comité accediese, Pedicone sería el primer magistrado que conteste los traslados en un acto abierto a la comunidad dado que el procedimiento es tramitado por escrito por específica disposición legal y los legisladores deliberan a puertas cerradas sobre las solicitudes de expulsión (se informa por separado).

Para requerir la modalidad oral y abierta, Pedicone recordó que el artículo 45 de la Ley 8.734, que regula el proceso de enjuiciamiento de jueces, establece como norma de aplicación supletoria el Código Procesal Penal (este digesto es implementado a los procedimientos de destitución en caso de defecto de la normativa específica). El escrito refiere que el digesto vigente desde el 1 de septiembre en toda la provincia prescribe la publicidad de las audiencias salvo circunstancias excepcionales y obliga a dar acceso a los actos a la prensa (sólo puede haber restricciones si la víctima o un testigo las solicitan con expresión de los motivos). En apoyo a su petición, Pedicone citó las cláusulas pertinentes de dos tratados internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Solicito que la audiencia sea fijada para el 29 de octubre porque ese día vence el plazo para contestar los traslados. En la audiencia oral y pública realizaré mi descargo y aportaré ‘breves notas recordatorias’”, anunció el juez. Y especificó que era necesario difundir la convocatoria para que los ciudadanos y la prensa puedan conocer y controlar el acto. En el mismo escrito, Pedicone designó como abogados ante la comisión a Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada.

Pormenores de la votación

La pretensión de Pedicone fue comunicada a Juicio Político al término de la semana que empezó con la decisión de ese comité de dar curso a los pedidos de destitución existentes en su contra, y de rechazar y archivar los seis articulados con el objetivo de echar a Leiva. La voluntad oficialista definió estas suertes dispares debido a que nueve de los 10 legisladores que integran la mesa pertenecen al sector gobernante: Zacarías Khoder, Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Renée Ramírez y Carlos Gómez. A ellos se unió el alperovichista Julio Silman. El alfarista Raúl Pellegrini (Partido de la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana) tomaron caminos distintos. Mientras que Pellegrini votó a favor de trasladar las denuncias a Leiva y a Pedicone, Casali consideró que sólo había motivos para solicitar explicaciones al vocal de la Corte y que correspondía descartar los cuestionamientos esgrimidos contra el juez de Impugnación.

Los planteos descartados contra Leiva llevan las firmas del abogado Gustavo Morales y de la gremialista Alejandra Martínez; de diez dirigentes de Juntos por el Cambio; del ex juez Roberto Guyot; del letrado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Vera del Barco (del Pro); de 436 estudiantes y ciudadanos representados por los abogados Analía Domínguez y Facundo Toscano; y del abogado Leandro Argañaraz y el estudiante Enzo Yuse junto a otros suscriptores. A grandes rasgos, todas estas peticiones se hacen eco de la denuncia penal en la que Pedicone expuso que Leiva le habría pedido que “manejara las intensidades” de una pesquisa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). El denunciante presentó un acta y grabaciones, pero el vocal tachó ambas pruebas de falsas, y pidió su exclusión del proceso. El 5 de octubre, Pedicone presentó un per saltum para que la Corte provincial revoque la sentencia del juez Juan Francisco Pisa que sostuvo que este caso debía tramitar con el método escrito y cerrado a la comunidad del viejo Código -y no con las audiencias orales y públicas-, y denegó al juez la calidad de querellante (acusador particular).

Pedicone ha de defenderse respecto de las acusaciones que ante Juicio Político presentaron el ciudadano Lucas Mayer y su padre fallecido el jueves, Carlos Mayer; los ex legisladores justicialistas Juan Eduardo Rojas (hizo dos denuncias) y Antonio Raed, y los abogados Carlos María Gallardo, Alfredo Falú e Ingrid Lausberg. La mayoría de estos planteos critican que Pedicone haya dictado excarcelaciones. Falú, por su parte, dijo que el juez de Impugnación merecía ser despedido de la Justicia por distintas anomalías, entre ellas las detectadas en la denuncia contra Leiva.

Siempre por escrito

La ley prevé la respuesta de papel

Las contestaciones de pedidos de destitución trasladados a los jueces por la comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana siempre fueron emitidas por escrito. La Ley 8.734 específicamente dispone en el artículo 27 que los magistrados han de presentar la respuesta en papel simple, con o sin patrocinio letrado. 

Esta explicación ha de contener el descargo del acusado respecto de las imputaciones que le formularon; el ofrecimiento de prueba y la constitución de un domicilio legal. En rigor, todo el procedimiento es tramitado con este formato y la comisión delibera con las puertas cerradas hasta que decide formular la acusación ante el órgano pertinente a cargo de sustanciar el juicio.