Una aspirante a defensora pública exige perspectiva de género al Gobierno nacional

La decisión del presidente, Alberto Fernández, de elegir al concursante que cerraba la terna para la Defensoría Pública de la Nación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) es arbitraria y vulnera su propia política de promoción de la mujer, según la acción de amparo que presentó Vanessa Lucero, la funcionaria judicial que encabezaba la propuesta.

La candidata vetada se presentó el lunes en la Justicia Federal de Tucumán con la intención de frenar el acuerdo senatorial del nombramiento del concursante Mariano Galletta. Lucero dijo que los Tribunales debían exhortar a Fernández a revisar la designación con “perspectiva de género”.

El argumento central de la amparista, que en el presente trabaja en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, es que la elecció de Galletta implica configurar un plantel de magistrados íntegramente masculino en Tucumán. “Habrá cuatro cargos cubiertos por cuatro hombres”, precisó. La segunda crítica es que este candidato obtuvo 106 puntos en el concurso mientras que ella, Lucero, logró 133,75. La tercera objeción está vinculada a que Galletta reside en la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello junto supondría que el cargo quedaría en manos de un varón con una calificación más baja que ni siquiera reside en la provincia.

El amparo ingresó originariamente al Juzgado Federal N°1 a cargo de Daniel Bejas, quien por su parte fue propuesto por Fernández para la Cámara Nacional Electoral. Lucero recusó al magistrado por sospecha de falta de objetividad y este se inhibió (el caso pasó al juez federal N°2, Fernando Luis Poviña).

La situación de Galletta es comparable a la de Bejas puesto que su candidatura prevaleció sobre la de Alejandra Lázzaro, quien también encabezaba la terna para el tribunal electoral (el juez tucumano estaba en segundo puesto). La proposición de Bejas generó expresiones de rechazo en el movimiento feminista y en la oposición.

 En su amparo con petición de medida cautelar, Lucero refirió que si bien el orden jurídico autorizaba al Presidente a escoger a cualquiera de los integrantes de la terna, esa opción debía observar la razonabilidad de los actos de gobierno. “Si no se exhortara al Poder Ejecutivo de la Nación a evaluar de nuevo la decisión, se concretará en el ámbito de la Defensa Pública tucumana un esquema de absoluta preponderancia masculina transgresor de los parámetros de igualdad de género que surgen de los tratados internacionales y de la Constitución”, opinó Lucero, cuyo pliego había sido seleccionado por el ex presidente Mauricio Macri, pero, luego, Fernández lo retiró.

La funcionaria subrayó que el accionar impugnado contradecía el discurso y las políticas de paridad de Fernández, y las medidas de promoción de la mujer (como el cupo) vigentes para la integración de otros poderes del Estado.