Un concejal oficialista de Concepción presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio adquiera pistolas eléctricas Taser y se las entregue a los guardias urbanos de esa ciudad. También conocidas como “pistolas de corriente”, se trata de armas diseñadas para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente.
Su uso a nivel internacional ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, así como por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que el uso de armas Taser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte.
Por pedido del ex presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había autorizado la compra de las Taser para las fuerzas federales. Además, la funcionaria alentó a que las provincias hicieran lo mismo. Se compraron las pistolas, pero su reglamentación fue derogada ni bien asumió el presidente Alberto Fernández. Su uso quedó destinado a algunos de los cuerpos especiales de las fuerzas nacionales, no de manera masiva. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también compró Taser, pero por una orden judicial nunca las pudo llegar a utilizar.
En Tucumán se sancionó la Ley 9.145) en 2018 que habilitaba un protocolo propuesto por el ministro Claudio Maley para utilizar estas armas. “Lo venimos evaluando permanentemente. En el protocolo de Uso Racional de la Fuerza se las tomó en cuenta, porque es una herramienta que proporcionaría menos daño a la persona (que el uso de un arma de fuego) y sirve para que, de alguna manera, el agresor no avance con su cometido”, dijo hace días el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, a LA GACETA.com. “En algún momento decidiremos si procedemos a gestionar la compra. Con el uso del protocolo, puede ser una herramienta válida”, añadió.
En Tucumán dos municipios se han mostrado interesados en dotar a sus guardias de estas armas: Concepción y Yerba Buena, que tienen el mismo color político que el ex presidente Macri. Eduardo Carrizo (Juntos por el Cambio), autor del proyecto, explicó que su idea es autorizar al municipio a comprar ese armamento con el fin de “preservar la integridad física y la vida de los agentes que patrullan las calles de la ciudad”. En los fundamentos, señaló: “esos elementos resultan indispensables para el personal, toda vez que enfrentan en la primera línea a delincuentes que usan distintos armamentos”. Carrizo recordó que cuando se creó la Guardia Urbana Municipal (GUM), la ordenanza no autorizaba a usar elementos de protección a quienes cumplen con la tarea de vigilancia.
Si se aprueba la ordenanza, el Poder Ejecutivo municipal tendrá 90 días a partir de la promulgación para aprobar la reglamentación de su uso y otros 90 para su adquisición.
Frenos
El entusiasmo del edil chocó contra la postura del intendente de Concepción, Roberto Sánchez. “La Guardia Urbana está integrada por empleados municipales. No tiene facultades para las acciones represivas. Tampoco para usar armas de ningún tipo, aun con fines de defensa personal. Tiene el objetivo de persuadir o alertar a la Policía sobre un posible hecho delictivo. Así sólo usa un pito para hacer llamados de atención”, explicó a LA GACETA.
“Tampoco el municipio tiene facultades para autorizar el uso de armas como las Taser. La que tiene esa potestad es la Provincia. La GUM fue creada para colaborar con la Policía en la tarea de seguridad ante el desborde delictivo que se padece”, concluyó Sánchez.
Aunque no lo reconozcan públicamente, la adquisición de estas armas se cruzó por la cabeza de varios intendentes que esperan que la Provincia regule su uso antes de definir su utilización. “Las Taser no deben ser portadas por los guardias urbanos municipales porque no están autorizados a utilizar ningún tipo de armamento, ni siquiera estas armas”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Gerónimo Vargas Aignasse, dejando en claro que es muy poco probable que la Legislatura sancione una norma autorizando su uso por los guardias urbanos municipales.
“Sí me parece correcto que las manejen los policías de algunos cuerpos especiales como los de Infantería o el CERO que sean debidamente autorizados a hacerlo luego de haber sido capacitados sobre su uso”, concluyó. (Con colaboración de Santiago Re)
