En la ONU Argentina votó por el informe de Bachelet, pero volvió a condenar el bloqueo a Venezuela
El documento elevado por la ex presidenta de Chile habla de detenciones arbitrarias, de violaciones a las garantías al debido proceso y de casos de tortura y de desapariciones forzadas en el país caribeño.
El Gobierno argentino dio hoy un voto de respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el documento, la ex presidenta de Chile hablaba de detenciones arbitrarias, de violaciones a las garantías al debido proceso y de casos de tortura y de desapariciones forzadas en el país que gobierna Nicolás Maduro.
No obstante, la Argentina también volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas contra Venezuela.
La Argentina planteó su postura en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló en Ginebra.
La votación formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y tres votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).
Más temprano, la Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el presidente, Alberto Fernández, dio instrucciones sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución, en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Palacio San Martín anticipó que el Gobierno argentino iba a valorar y apoyar con fuerza"el trabajo realizado por Bachelet; pero que también insistiría en condenar los bloqueos y las sanciones que "agreden especialmente al pueblo venezolano".
Fuentes cercanas al canciller, Felipe Solá, aseguraron que la definición de la Argentina en Ginebra no representa un giro en torno a la situación que atraviesa Venezuela y que tampoco implica un cambio de mirada respecto a la legitimidad del gobierno de Maduro.
"La postura del Gobierno no se modificó en nada, ratifica la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los Gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido", señalaron.
Funcionarios del Palacio San Martín también recordaron que el informe Bachelet y la preocupación por situación de los derechos humanos en Venezuela, estuvieron presentes desde la campaña electoral del Presidente, como así también la condena los bloqueos y sanciones económicas al país caribeño.
"La Argentina, como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, busca una salida pacífica e institucional a la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, sin la injerencia externa de ningún tipo: ni militar, ni de seguridad, ni de inteligencia", afirmaron.
En su discurso, el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, aseguró: "el proyecto de resolución aprobado contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela".
Asimismo, la Argentina instó al Gobierno de Maduro a cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada.
El embajador Villegas también instó a Caracas a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, lleve a los perpetradores a la Justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas.
El diplomático aseguró: "Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos y por la crisis política económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia de la covid-19".
"Hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido", indicó el representante argentino.
Asimismo, advirtió que la adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conduce a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Mediante un comunicado difundido más temprano, funcionarios de la Cancillería habían informado que la Argentina valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, e instó al Gobierno de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes.
"La República Argentina destacará mediante sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias", se precisa en el texto difundido por Cancillería.
Según indica el comunicado, la Argentina "contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada".
La Cancillería sostiene además que "son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral".
"La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explícita", se informó.
Por último -se indica- el presidente Fernández sostuvo "una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra". (Télam)