Enredos y “olvidos” en la política tarifaria

La política tarifaria de los servicios públicos como agua, gas y electricidad en el país se mueve al son de los vaivenes políticos y eso repercute, directamente, en la calidad de los servicios que se prestan. Son, en definitiva, los argentinos quienes padecen las consecuencias de estas decisiones que se adoptan según el color del partido que gobierna. Bajo ese paraguas, Tucumán no podría haber quedado ajena a ese desorden.

A partir de 2015, la gestión nacional de Mauricio Macri encaró una etapa de actualización de los valores de las boletas que llegan a los usuarios. El proceso de “recomposición” del precio de los servicios públicos, puesto en marcha desde 2016, “fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”, según había remarcado un estudio de la Universidad de Avellaneda publicado a principios de 2019. Sin embargo la medida, duramente criticada por la oposición, se cortó a fines de 2019, cuando asumió el actual presidente Alberto Fernández.

En una de sus primeras decisiones, el jefe de Estado promovió la ley de solidaridad social y reactivación productiva, mediante la que se facultó al Poder Ejecutivo a suspender aumentos en las tarifas de electricidad y de gas por 180 días, plazo durante el cual se realizará una revisión de estas y se iniciará un proceso de renegociación con las concesionarias, dentro de los términos de las leyes de electricidad y de gas. Como complemento y en plena pandemia de coronavirus, la ley nacional 27.541 estableció el congelamiento de los valores de los servicios hasta fin de año.

Las nuevas disposiciones tienen la intención de favorecer a los más necesitados, en una época de parálisis económica por la crisis de arrastre, agravada por los efectos del coronavirus. Sin embargo, ese enredo legislativo y político generó un “olvido” en la clase dirigente tucumana: la Provincia no se adhirió a esa norma.

En consecuencia, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) hizo cumplir las disposiciones anteriores. El propio presidente del organismo, Santiago Yanotti, señaló que estaban vigentes los plazos de revisión tarifaria, que se realizan dos veces al año, y que por la inflación ameritaba dar un incremento. De esta manera, afirmó que al cumplir con las normas se autorizó una suba del 25% en el agua y del 7% en la luz, correspondientes al segundo semestre de 2019.

La disposición generó una ola de tensión política dentro y fuera del oficialismo. La Legislatura, incluso el vicegobernador Osvaldo Jaldo, cargaron contra la medida y anticiparon la sanción de una norma de congelamiento tarifario. En el medio, finalmente el gobernador Juan Manzur tomó la decisión de postergar para enero de 2021 la revisión de los precios que se pagan por los servicios públicos en Tucumán. Sin embargo, ese desliz que permitió el aumento en los servicios públicos por parte del Ersept dejó expuesto también la carencia de una política tarifaria seria y duradera en el tiempo, ajena a los avatares de la política nacional y provincial. Sumado a esto, los parches legislativos en esta materia pueden generar un rezago tarifario que, de no rectificarse a tiempo y de la mano de un sinceramiento global, agravarán las falencias en la prestación de servicios elementales como la luz, el agua y el gas.