¿Interna o acuerdo?

El aumento en las tarifas de los servicios de electricidad y de agua potable cayó pésimo en los usuarios. Era previsible en un contexto de bolsillos que ya venían flacos y que adelgazaron aún más por el parate económico como consecuencia de la pandemia por la covid-19. Lo inesperado fue que tras ser avalada por la Casa de Gobierno, tuviese repercusiones negativas en el oficialismo de la Legislatura. Después del anuncio que hizo el Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), las voces de legisladores del bloque mayoritario se sumaron a las de los opositores. El asunto llegará al recinto en la sesión de este jueves y se podrían frenar aumentos tarifarios durante los próximos meses. De lo que quedan algunas dudas es del trasfondo político ¿La diferencia de discursos tiene que ver con la interna o con un acuerdo entre el manzurismo y el jaldismo?

Recuento y duda

Hace una semana, el Ersept comunicó que había autorizado los aumentos. Las próximas boletas de la electricidad tendrán un incremento del 7% y las del agua, del 25%. Los ajustes, según explicaron las autoridades, corresponden a la segunda mitad de 2019 y ya está en análisis la actualización del primer semestre de este año (sería del 4,5% en la energía y del 10% en el agua). El Ejecutivo respaldó la medida, con el argumento de que no se podrían concretar obras para mejorar las prestaciones.

Los miembros de la oposición en la Cámara ya venían advirtiendo sobre los incrementos. De hecho, en marzo el radical José María Canelada había presentado un proyecto para que se declare la emergencia tarifaria y para que se congelaran los valores hasta diciembre. Miembros de otras bancadas, como las de Fuerza Republicana y el Partido para la Justicia Social, también se pronunciaron en contra de la modificación y cuestionaron duramente al Ejecutivo provincial. El parlamentario Federico Masso (Libres del Sur) requirió que se cite a los miembros del Ersept para que den explicaciones en la comisión de Servicios Públicos. Una idea similar impulsó FR. En la Legislatura se acumularon así pedidos de informes e iniciativas para poner un tope.

El primer oficialista que salió a criticar la medida fue Eduardo Cobos, presidente de las comisiones de Energía y de Defensa del Consumidor. No sólo consideró que era inoportuno, sino que afirmó que la Legislatura no fue informada; que el Ersept mintió a la Cámara y que buscarían todas las herramientas para frenar próximos aumentos. El ingeniero explicó que “técnicamente” no había una explicación para el cambio e impulsó pedidos de informes sobre los planes de obras. Dante Loza, del mismo bloque, se expresó en términos similares. Los parlamentarios, que vienen trabajando con el vicegobernador y presidente del cuerpo, Osvaldo Jaldo, consignaron que gran parte del bloque y el propio Jaldo estaban de acuerdo con que había que tomar cartas en el asunto. En los últimos días, el vice aseguró que la Cámara se pronunciaría. “La gente está muy mal económicamente, por lo que un incremento no es ninguna ayuda, agrava la situación”, sentenció.

Durante la mañana de ayer, la comisión de Obras y Servicios Públicos dio dictamen unánime al proyecto que prevé la suspensión de los aumentos hasta el 31 de diciembre, en sintonía con la decisión del Gobierno nacional. La norma y otras relacionadas llegarán a la próxima sesión.

Algunos vieron en las posturas del Ejecutivo y del Legislativo un nuevo capítulo de la interna del PJ por la sucesión en 2023. En el último año, se volvieron frecuentes los desacuerdos entre manzuristas y jaldistas. La Cámara viene marcando límites y expresando discordia mediante la modificación de algunas iniciativas enviadas por la Casa de Gobierno o frenando o impulsando algunas normas o citando funcionarios en momentos críticos. Los asuntos han sido de los más diversos, desde seguridad hasta economía.

Otros dirigentes consultados, en cambio, consideran que en esta oportunidad las diferencias formarían parte de un supuesto acuerdo entre Jaldo y Manzur ¿Qué implicaría? Aprobar un aumento y conformar a las empresas prestatarias y frenarlo luego por ley. Es una versión un poco osada, pero en política no hay nada imposible.

En lo que coinciden los de ambos espacios es que hay un compromiso de evitar las confrontaciones directas hasta el año que viene. Al menos, esa es la intención. Esta especie de tregua respondería a un pedido de la mayoría de la dirigencia, que considera desafortunado que la interna por las próximas elecciones provinciales se haya desatado tan temprano. Creen que el desgaste y los costos políticos podrían ser demasiados si las confrontaciones se extienden durante tres años ¿Funcionará?