La causa contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, acumula al menos tres pedidos de constitución de querellante. A las peticiones presentadas por el juez denunciante Enrique Pedicone, y por Carlos Díaz Lannes y Ramón Ruiz Pesce, directivos del Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus), se sumó la que introdujo el abogado Salvador Iovane (h) en representación de la denunciante del legislador Ricardo Bussi. Según los escritos, la acusadora se presentó como víctima de Leiva en atención a que, de acuerdo a la versión del juez Pedicone, aquel habría intentado influir en su decisión respecto de una investigación de supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias atribuidos a Bussi.
En los documentos que Iovane (h) remitió a LA GACETA consta que este presentó la solicitud de querellante y de actor civil (le permitiría reclamar una reparación pecuniaria) ante la fiscala Mariana Rivadeneira, y que aquella difirió una respuesta. Esto llevó a que el abogado formulara una oposición donde planteó que la determinación de la calidad de querellante y de la identificación de la víctima era una cuestión prioritaria. “Quiero que se me permita tener acceso a esta causa”, expresó.
En el mismo escrito, Iovane (h) esgrimió que el juez Pedicone era un testigo de los supuestos tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Mal puede definir cuál va a ser el tipo de trámite procesal aplicable a este caso”, protestó en alusión a la insistencia del juez, y de sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig para que la denuncia contra Leiva sea procesada con las audiencias orales y públicas del nuevo Código (se informa por separado). “Pedicone no está legitimado para ello”, añadió.
Iovane (h) requirió, además, que el proceso contra el vocal de la Corte no avanzara hasta tanto queden definidos sus actores. “Hago esta solicitud para evitar nulidades que provoquen que esta causa naufrague en el olvido y su archivo por defectuosa, y nuevamente se encubran los delitos que afectan al proceso ‘AMJ c/ Ricardo Bussi’”, advirtió.
El 1 de septiembre, día en el que entró en vigor la reforma procesal penal en toda la provincia, el juez Pedicone se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para relatar que el 28 de julio, una hora antes de celebrar una audiencia solicitada por el defensor de Bussi, Juan Colombres Garmendia (h), Leiva lo había convocado a un bar de Barrio Norte, donde su interlocutor lo grabó. En esas circunstancias y siempre según la denuncia, el vocal habría manifestado la conveniencia de mantener la causa de Bussi “picando abajo” puesto que su espacio era funcional al oficialismo. En la audiencia, Pedicone ordenó que Colombres Garmendia (h) acceda a la investigación y apartó al juez Armando Cardozo por su apego al secretismo.