Ante la Ley

Por Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y Alberto González, abogado e investigador del INECIP.

“Ante la Ley” es una parábola de Franz Kafka en la que se cuenta que una persona común se presenta ante las puertas de la Ley, siempre abiertas de par en par pero custodiada por un guardián implacable que le impide el paso. El hombre espera en vano toda su vida frente a las puertas de la Ley con la esperanza que el guardián se apiade y le franquee el paso. Antes de morir, el hombre pregunta al guardián: “si todas la personas buscan la Ley, ¿cómo es que en todos estos años nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella?”, a lo que el guardián contestó “Nadie más podía entrar por aquí porque esta entrada estaba destinada solamente a ti, y ahora la cerraré”.

Kafka no era tucumano ni se inspiró en el escándalo de corrupción que atraviesa la cúpula de los tres poderes de Tucumán para escribir el relato, solo era humano, demasiado humano como para sensibilizarse frente a esa particular forma de injusticia que es la violencia institucional, la que ejercen sobre los ciudadanos de forma abusiva y conscientemente quienes detentan el poder.

Pero Kafka también era un abogado que ejercía la profesión, y en la Europa de entonces como en el Tucumán de hasta hace un mes atrás regía un modelo de proceso penal inquisitivo. Francesco Carrara lo caracterizó así: procedimiento escrito y secreto de principio a fin, dirección de las pruebas al pleno arbitrio del juez, interrupción de los actos y formulación de la sentencia a entera voluntad del magistrado (hoy lo llamaríamos “manejo de intensidades”). Es el modelo de justicia nacido hace más de 500 años para gestionar los intereses del monarca y que hoy sigue prestando convenientes servicios a quienes detentan el poder; en Comodoro Py y en Tucumán también.

Contra ese modelo de justicia se erige otro condigno de una democracia real en el que el litigio se lleva a cabo en audiencias orales y públicas, donde todo se resuelve de cara a la comunidad. Es el modelo de justicia penal que comenzó a regir en Tucumán hace menos de un mes con el nuevo código procesal penal. Pero ni el mejor sistema procesal resiste los niveles de intervención política sobre la independencia de Poder Judicial que “los audios de Pedicone” revelan. El enorme esfuerzo por implementar el nuevo código, que la propia Corte Suprema supo impulsar con liderazgo, con el objetivo de transparentar el funcionamiento de la justicia y entablar un dialogo con la sociedad, se ve menoscabado cuando por otro lado se emiten señales de connivencia entre el poder político y la magistratura como las que este escándalo comunica. Y estas señales equívocas provienen no solo de quienes inescrupulosamente utilizan las estructuras del Estado para gestionar sus intereses sino también de las instituciones y personas que en vez defender la independencia del Poder Judicial se muestran indiferentes u opinan que “esto no es una cuestión mediática” o que “hay que respetar los tiempos de la justicia” para por debajo admitir que es una cuestión vergonzante para la magistratura y que debe resolverse puertas adentro para no salpicar a los demás, o que es una guerra mafiosa entre facciones partidarias, una especie de Boca-River dirimido a carpetazos. Pero si la denuncia y los audios que todos hemos escuchado son ciertos, la víctima es la división republicana de poderes y la calidad institucional, es decir, los afectados somos todos los tucumanos. No hay independencia judicial posible si esos jueces, en lugar de la ley, consolidan privilegios; en lugar de la Constitución, permiten la ilegalidad de facto del ejercicio de la función pública y, en lugar del control del poder público, garantizan la impunidad de los poderosos. La manipulación política de la justicia tanto como la indiferencia del resto de la comunidad frente a tales prácticas conspiran contra la gobernabilidad democrática. No podemos hacernos los distraídos cuando lo que está en juego es si vamos a lograr que la administración de justicia deje de ser un espacio de acuerdos ilegales y protección de poderosos.

En este titubeante inicio de la investigación, el Ministerio Público Fiscal, representante de la víctima según la Ley, y el vocal de la Corte denunciado (y en ejercicio de la magistratura) han optado por el viejo procedimiento escrito y secreto cuando podrían haber elegido someterse al régimen de transparencia de audiencias públicas del nuevo código. Es la Justicia devolviéndole nuevamente a la sociedad una imagen sin voz y sin rostro, antigua y maquinal. Pero la sociedad civil, que lo ve todo en tiempo real, a veces recupera la voz, como esta semana en que se presentaron como querellantes en la causa penal un profesor de filosofía de la UNT junto al Centro de Estudios de Democracia y Justicia, en nombre de la comunicad afectada pidiendo ante las puertas de la Ley una sola cosa: queremos que investiguen, queremos saber de qué se trata.

Y el guardián de las puertas de la Ley dijo: “atento al estado procesal de la causa téngase presente para ser proveído oportunamente según corresponda”.