Por Irene Benito
27 Septiembre 2020
la gaceta / foto de archivo
Néstor Pedro Sagüés (1942, Rosario, Santa Fe) sigue tan activo como siempre, pese al virus. Este constitucionalista prestigioso no necesita pensarlo dos veces cuando recibe la propuesta de participar en el ciclo de entrevistas remotas dominicales que activó LA GACETA para “combatir” el coronavirus a partir del pensamiento. Sólo plantea una condición: prefiere responder por escrito, en un intercambio de correos electrónicos, a usar las alternativas de comunicación que ofrece la tecnología digital. Es una petición fundada en dificultades de audición que, según dice, a veces le juegan malas pasadas. Con la energía de un pibe, el jurista entrega sus respuestas antes del plazo indicado y da un ejemplo extraordinario de cumplimiento de la palabra empeñada. Sus contestaciones son directas y precisas a la vez, y tienen la sabiduría de la sugerencia, como cuando escribe: “las críticas sociales son útiles para que la judicatura y el Ministerio Público Fiscal realicen un examen de conciencia”.
-¿Cuál ha sido el impacto de la covid-19 sobre la institucionalidad argentina?
-Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de la Constitución para absorber el “derecho de necesidad”, que es un derecho agresivo, provocador, y poco cuidadoso de las formas y del principio de división de los poderes.
-¿La Constitución también ha sido víctima de la pandemia?
-Algunas veces, sí. En términos generales, la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia han sido reputados por los Tribunales como constitucionales, aunque hay excepciones, en casos de medidas exageradas o irrazonables. Y la mayor parte de estos últimos fallos han sido obedecidos por las autoridades administrativas. Varios de aquellos decretos fueron también confirmados por una Cámara del Congreso de la Nación, con lo que, de acuerdo con la discutida Ley 26.122, adquieren estabilidad.
la gaceta / foto de archivo
-¿Cuál cree que será el destino de la reforma judicial prometida por el presidente Alberto Fernández?
-No soy futurólogo. Eso sí, creo que estamos en el peor momento para programar una reforma judicial tan profunda como la propuesta, que requiere tiempo y serenidad para evaluarla. En cambio, atravesamos una situación de crispación política, angustia económica y crisis sanitaria impresionantes.
-En algún momento se mencionó su nombre para la comisión asesora creada por el jefe de Estado para proponer cambios en otros organismos judiciales. ¿Le hicieron un ofrecimiento y lo rechazó, o nunca llegó tal invitación?
-No recibí invitación alguna.
-¿Cuál es su diagnóstico sobre la independencia judicial en la Argentina?
-El panorama es muy distinto en cada provincia y en el orden federal. Por ello, resulta injusto formular un diagnóstico global. En cuanto a la Nación, lamentablemente no veo su futuro con optimismo. Mientras el Consejo de la Magistratura (órgano encargado de seleccionar y de acusar a los magistrados nacionales y federales, y de administrar el presupuesto de esos cargos) esté controlado directa o indirectamente por los partidos, y las presidencias y el Senado sigan comportándose con pautas políticas predominantemente sectoriales, no habrá remedio.
-¿Qué lectura hace del procedimiento llevado adelante por el Senado y el Poder Ejecutivo de la Nación para revertir los traslados de tres magistrados (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli)?
-Desde el momento en que se ha removido de su cargo a jueces que ya juramentaron y que se encontraban en ejercicio de sus funciones, la ruta correcta para discutir su permanencia debería haber sido el procedimiento de exclusión previsto por los artículos 114 (inciso 4) y 115 de la Constitución Nacional mediante la intervención del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Nación.
-En una entrevista que usted concedió a LA GACETA en agosto de 2015 dijo que la corrupción no provocaba insomnio a la mayoría de la población. ¿Sigue pensando lo mismo?
-Afortunadamente, no. Hay ahora muchos sectores de la sociedad que de modo manifiesto repudian la corrupción y que exigen sancionarla. Sin embargo, también son abundantes ciertos grupos que la ven como algo natural e inevitable de la vida política, y que, incluso de ser posible, les gustaría participar de ella.
-¿La corrupción de la Justicia es peor que la corrupción de la política?
-Le confieso que carezco de datos concretos para realizar con seriedad esa medición comparativa. Deseo formular, sin embargo, dos aclaraciones. La primera, y como le he señalado, es que las realidades pueden ser muy distintas según las provincias y el sector nacional al que hagamos referencia. La segunda, que hay miles de jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios probos, diligentes y responsables. Respecto de ellos, es gravemente injusto enlodarlos grupalmente, como si todos, sin distinción, fueran parte de una tribu indeseable. De todos modos, las críticas sociales son útiles para que la judicatura y el Ministerio Público realicen un examen de conciencia sobre su comportamiento y actual responsabilidad ante la comunidad argentina.
-¿En qué se ha convertido la coparticipación federal en nuestro país?
-Probablemente, casi en cualquier cosa. Fíjese, además, que la Constitución exige desde 1994 en el inciso 2 del artículo 75 una ley-convenio sobre coparticipación, que todavía no se ha dictado. Los partidos políticos tienen en esto una responsabilidad mayúscula. Pero parecen estar vacunados contra el consenso, la moderación y la concertación.
-¿Puede la Corte Suprema de Justicia de la Nación satisfacer las demandas que generan los últimos conflictos políticos e institucionales?
-La Corte Suprema es un órgano de control de constitucionalidad, no de producción de políticas públicas. Por ejemplo, y al revés de lo que algunos creen, no tiene competencia para resolver problemas como la desocupación; el estancamiento o el retroceso económico; la inflación; la miseria o la pandemia. Repito: puede corregir, si fueren inconstitucionales, ciertas medidas, pero no es propio de ella asumir funciones naturales de los poderes Legislativo y del Ejecutivo.
-¿Qué mensaje le dejan las manifestaciones callejeras del último año?
-Han existido manifestaciones de todo tipo. Algunas evidencian, por suerte, una actitud de preocupación y de compromiso de la comunidad por la preservación de ciertos bienes colectivos como la seguridad, la moral y la salud pública y la independencia judicial. Esto es alentador. Gente que otrora se limitaba a despotricar en el seno de sus hogares y en voz baja, ahora reclama activamente a las autoridades que cumplan con su deber, y les recuerda que no pueden hacer o no hacer lo que les plazca.
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