25 Septiembre 2020
PRESIDENTA DE LA CORTE. La vocal Claudia Beatriz Sbdar.
Un pedido de suspensión del vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Leiva se va enredando un galimatías procesal sin que nadie pueda saber realmente qué está pasando puertas adentro de la Corte.
Seis días después de que se conociera la denuncia del juez Enrique Pedicone contra Leiva por haberle sugerido actuar de una determinada manera en una causa, dos ciudadanos solicitaron que se suspenda a Leiva hasta tanto quede aclarada su situación penal. El siete de septiembre, el abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco, vinculados al partido Pro, hicieron esta petición a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar.
Hasta el miércoles no obtuvieron respuestas sobre la solicitud. Por tal motivo, Mirande, el martes, presentó a Sbdar un pronto despacho con la intención de que acelerara la suspensión de Leiva. Cabe recordar que este planteo es conteste con la posición del Colegio de Abogados de la Capital, que sugirió la necesidad de que tanto Leiva como Pedicone pidieran licencia y se apartaran de sus obligaciones. Pedicone siguió ese camino, mientras que Leiva desoyó la sugerencia que hicieron sus pares abogados.
En la nota que elevó, Mirande recordó que no había sido notificado de nada y que ya habían transcurrido 10 días de la solicitud de suspensión que hicieron con Vera del Barco.
El miércoles le llegó desde la Corte la respuesta esperada. O, en todo caso, la respuesta que remitió el Supremo Tribunal que seguramente no era lo que hubiera querido el abogado. La Corte le envió el recorrido exacto que tuvo su nota, pero nada dijo ni del planteo de suspensión ni de las posiciones que tiene la Corte sobre esta situación. Lo que si quedó claro es que el 8 de septiembre, Sbdar le dio la nota a Leiva para que conteste en los cinco días subsiguientes. Leiva respondió el 22 del corriente e inmediatamente, Sbdar le remitió todo a los demás vocales (Antonio Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos). “Es todo cuanto puedo informar”, suscribe María Gabriela Blanco, secretaria de superintendencia de la Corte.
Mirande recibió la respuesta y quedó entre sorprendido y apesadumbrado. No podía creer que la respuesta no dijera nada en realidad, pero a su vez, sintió que al fin y al cabo había corrido traslado de su preocupación por esta causa que afecta a la ética de un miembro de la Corte.
Minutos después de ser notificado, Mirande insistió. Invocó su “carácter de requirente en este proceso, ciudadano, y abogado damnificado por la irregular prestación de justicia originada por los hechos de público conocimiento que afecta a nuestra Corte Suprema de Justicia”.
Por ese motivo el letrado reiteró su pedido: “solicito especialmente tomar conocimiento de la presentación realizada por el vocal Leiva a los efectos de efectuar el debido control del proceso y la prueba a producirse”.
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