LEGISLADOR. El oficialista Gerónimo Vargas Aignasse.
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse volvió a alimentar el debate sobre la seguridad que generó la denuncia penal explosiva del juez Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En una nota dirigida a Claudia Sbdar, presidenta del alto tribunal, Vargas Aignasse solicitó el detalle de las miles y miles de causas aún en trámite en la capital con el antiguo Código Procesal Penal (1991), que fue reemplazado el 1 de septiembre por el digesto sancionado en 2016. “Nuestro temor radica en que el fuero conclusional (a cargo de terminar los casos remanentes) se convierta en un agujero negro de impunidad que habilite una vía de escape para miles de procesados, muchos de ellos delincuentes de vieja data”, opinó Vargas Aignasse en Twitter.
En el afán de obtener información precisa sobre la labor pendiente (formada por lo que había en trámite hasta el 31 de agosto y casos como el de Pedicone, que fueron remitidos al viejo sistema), el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura solicitó a Sbdar estos números: 1) cantidad de causas en etapa de instrucción o investigación; 2) cantidad de causas en etapa de instrucción de alta gravedad (homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual y robos agravados); 3) cantidad de detenidos con causas en instrucción; 4) desglose de las causas por año de ingreso o de denuncia; 5) cantidad de causas en la Cámara Penal (en espera del juicio oral); 6) cantidad de causas de alta gravedad en la Cámara; 7) cantidad de detenidos con causas en la Cámara, y 8) desglose de la cantidad de causas en la Cámara por año de ingreso y de denuncia.
La estructura conclusional, que ha de liquidar el remanente del viejo Código hasta septiembre de 2023, está regulada en la Ley 9.284, que la Legislatura sancionó el 6 de agosto, y consta en total de 11 jueces: dos para controlar la instrucción y nueve para ocuparse del juzgamiento (en tres salas de la Cámara Penal). El artículo 28 faculta a la Corte a fijar el cronograma de trabajo para cada una de las salas y a indicar el número de resoluciones que deben emitir mensualmente. Los vocales Sbdar, Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse (con su voto), Leiva y Eleonora Rodríguez Campos explicitaron la composición del staff conclusional en la Acordada 780/20. En principio, no hay información oficial de acceso público sobre el volumen de expedientes derivados a este esquema.
“Nos preocupan no sólo las miles de causas sin sentencia, sino también su entidad”, manifestó ayer Vargas Aignasse. El legislador agregó que las víctimas “anestesiadas” por años de procesos interminables observaban con estupor la posibilidad concreta de que nunca llegue el momento de sentar en el banquillo de los acusados a los victimarios y a sus cómplices. “Es necesario trabajar en una estrategia conjunta para que todos los procesos del fuero conclusional lleguen a ser debatidos y sentenciados. #NoMásPuertaGiratoria”, dijo Vargas Aignasse.
La polémica por la liberación de imputados se desató luego de que el vocal Leiva, que afronta cinco pedidos de destitución, manifestara que su denunciante Pedicone había excarcelado a un centenar de aquellos “fuera de la ley”. Esa reacción dio pie a la presentación de solicitudes de expulsión contra Pedicone (también acumula cinco), y los seis jueces que tuvieron en sus manos la posibilidad de juzgar a uno de los supuestos homicidas de Ana Dominé: Carlos Caramuti, Rafael Macoritto, Dante Ibáñez, Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Eduardo Romero Lascano.
