Manantial Sur, un derroche sin freno

Manantial Sur está bajo ataque. El malogrado proyecto habitacional, ubicado justo sobre el límite meridional de la capital tucumana, lleva más de siete años de tropiezos y desdichas, y aún sigue sin entregarse el 54% de las viviendas del plan original. El programa que impulsó el gobierno, a través de su Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), organismo que aún enfrenta varias denuncias por corrupción, entre ellas una por este proyecto de obra, se inició en 2013. El objetivo final era la construcción y adjudicación de 2.500 casas.

En siete años sólo se consiguió entregar 1.161 viviendas, el 46% del total, y aún restan otorgar 1.339 propiedades, que están terminadas pero todavía permanecen deshabitadas.

Esta lamentable e incomprensible demora, justamente, se origina en otro retraso, en este caso por parte de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), empresa estatal que no ha podido concluir dentro de los plazos previstos la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el nuevo barrio. Por esa razón, ante la falta de infraestructura básica e imprescindible para que las viviendas puedan ser habitadas, el IPV no puede avanzar en la adjudicación de las casas, según informó la interventora del organismo.

Mientras tanto, las edificaciones deshabitadas sufren saqueos permanentes, además de agresiones vandálicas que producen costosos daños. La Cámara Tucumana de la Construcción estima que de las 1.339 casas abandonadas, más de 500 ya fueron vandalizadas. Los robos incluyen tanques de agua, puertas y ventanas, y en algunos casos hasta mesadas, cocinas y calefones. Las casas sufren, además, el deterioro propio del paso del tiempo en un inmueble sin mantenimiento.

Para revertir esta situación, el gobernador Juan Manzur firmó hace un año dos decretos, que luego fueron convertidos en ley, para que se destinen $246 millones para que las empresas constructoras puedan reparar las casas dañadas. En mayo la provincia desembolsó una primera parte, de $ 105 millones, y el resto se pagaría una vez que se finalicen las tareas, según dispone el decreto original.

El problema es que a medida que las casas se van reparando a los pocos días vuelven a ser saqueadas y vandalizadas, según informó la Cámara que nuclea las constructoras. A esto se le suma otro agravante: los montos pautados para los arreglos van desactualizándose al ritmo de la inflación, por lo que los contratistas ponen en duda de que puedan cumplir con las obras pautadas. Esto a su vez, impediría que las empresas puedan cobrar el saldo adeudado.

La SAT está en el ojo de la tormenta por la mora. Pero el quid del conflicto, en tanto, es una cuestión de seguridad. Los privados aducen que ya no pueden hacerse cargo de la custodia de Manantial Sur. La Provincia, por su parte, asegura que mantiene presencia policial en la zona. Es elocuente que no es suficiente, por la magnitud del saqueo que está sufriendo ese desdichado barrio. Hace casi un mes un grupo de personas, quizás los mismos que roban las casas, produjeron incendios de pastizales, de forma intencional, para usurpar algunas viviendas, lo que finalmente no ocurrió.

Urge que el Estado siga presente y cuide las casas abandonadas hasta que puedan ser entregadas, de lo contrario los tucumanos seguimos derrochando dinero en un proyecto que ya costó varias veces el presupuesto original.