21 Septiembre 2020
El legislador Raúl Albarracín, del PJS. LA GACETA / ARCHIVO.
El legislador Raúl Albarracín (Partido por la Justicia Social) presentó dos proyectos en la Legislatura con el objetivo de regular cuestiones vinculadas a los servicios públicos en Tucumán. En las iniciativas lo acompaña su homólogo Walter Berarducci.
Por un lado, el parlamentario impulsa una iniciativa para que se suspenda cualquier aumento en la tarifa del agua por 180 días. El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Santiago Yanotti, había confirmado esta mañana a LAGACETA.Com que los tucumanos advertírán un incremento de un 25% en la próxima boleta de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). El aumento, había precisado el funcionario, corresponde a la actualización tarifaria prevista por ley y referida al segundo semestre del año pasado; y había agregado que todavía se encuentra pendiente la revisión del primer semestre del corriente año.
Debido a ello, Albarracín no sólo propone que no se sustancie aumento alguno, sino que, además, se suspenda también ejecución y el procedimiento de consulta pública documentada para resolver la revisión extraordinaria del cuadro tarifario.
"Se viene generando a la población en general una permanente concientización de lo importante que es la higiene, con el correcto lavado de manos, para frenar el avance del coronavirus. Pero a la vez se plantea un posible aumento de la tarifa del agua (lo cual sería) un contrasentido; y el Estado no puede tolerar la inoportunidad tanto ética como jurídica de lo que conlleva la resolución", argumentó el legislador en su proyecto.
La segunda iniciativa impulsada por Albarracín tiene que ver con la adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó ayer el presidente, Alberto Fernández, mediante el cual suspende hasta el último día del año los cortes a los sectores vulnerables de los servicios de electricidad, de gas, de agua, de telefonía -fija o móvil-, de internet y de televisión por cable, a raíz de la falta de pago.
"Ese decreto se pone en armonía con la situación actual del país, el cual se encuentra atravesando una pronunciada crisis económica y financiera, que pone a los usuarios en condición desventajosa con respecto a los prestadores de servicios. Ello hace imperiosa la necesidad de intervención por parte del Estado a fin de amparar derechos fundamentales de los habitantes", justifica Albarracín en el texto del proyecto.
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