INTENDENTE DE TAFÍ VIEJO. El jefe municipal oficialista Javier Noguera.
Qué duda cabe de que la seguridad es uno de los temas más delicados de la agenda pública y que las autoridades están muy atentas a lo que ocurre en este campo. El tema pasa de manos como si fuese una bola de fuego: Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, lo arrojó a su denunciante, el juez Enrique Pedicone; la Legislatura se sumó al lanzamiento de Leiva y defenestró al “portero de la puerta giratoria”; luego, se cruzaron el Colegio de Abogados de la Capital y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y el juez Mario Velázquez devolvió el trapo candente a la política al decir que la seguridad es responsabilidad del Gobierno, según la Constitución.
La sentencia de Velázquez volvió a encender los ánimos de los legisladores justicialistas Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Morof, Raúl Ferrazzano y Daniel Deiana, quienes reclamaron un mea culpa a la Justicia. En Twitter, Javier Noguera (PJ), intendente de Tafí Viejo, cuestionó el “desparpajo” del juez y, por ello, recibió una objeción de parte de la gremialista kirchnerista Marieta Urueña Russo. A ese debate se sumaron el ex legislador radical Fernando Valdez y la aspirante a magistrada Carolina Epelbaum. La letrada Luisa Contino habló de “una responsabilidad compartida” mientras que el abogado penalista Carlos Posse, por su parte, disparó una serie de tuits en los que razonó que, si hubiese “puerta giratoria” en Tucumán, las cárceles y comisarías no exhibirían el nivel de colapso que presentan (se informa por separado).
“No compartimos las declaraciones de Velázquez que desligan de toda responsabilidad a los jueces en materia de seguridad. Por el contrario, consideramos que el rol de la Justicia es central y decisivo contra la lucha del delito”, dijo Noguera en plural el sábado, en una publicación en la que adjuntó el link a la entrevista de LA GACETA con el magistrado. En ese diálogo, Velázquez apuntó que el nuevo Código sancionado por la Legislatura anterior y hoy vigente establece 14 alternativas a la prisión preventiva, y reparó que la gente no conocía esto. “Le dicen que se va a acabar la impunidad y eso no es verdad”, reflexionó. Noguera condenó ese parecer. “Es preocupante el desparpajo de sus afirmaciones políticas sin sustento jurídico ni principio de realidad. No se corresponden con su magistratura judicial y legitima peligrosamente con sus dichos a los jueces que habilitan la puerta giratoria a los delincuentes”, dijo.
El comentario de Noguera encontró oposición en Urueña Russo, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, militante feminista, y ocupa el tercer lugar en la lista oficialista que proyectó a José Alperovich (con licencia) y a Beatriz Mirkin en el Senado. “No voy a defender al juez... Pero el Poder Judicial interviene cuando el delito ya se ha cometido, por un lado. Y, por el otro, hay garantías procesales y la prisión preventiva es excepcional, no la regla. Necesitamos políticas públicas de seguridad y eso no está en manos del PJ”, respondió a Noguera (la sigla haría referencia al Poder Judicial).
Valdez aportó que la Justicia debía actuar con celeridad y eficacia mediante la condena de los que delinquen: “no se debe abusar del principio de inocencia hasta volverlo en contra de la sociedad y, especialmente, de las víctimas. La sociedad sólo confiará en la Justicia cuando esta proceda en tiempo real”. El docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, y ex legislador advirtió que nadie debía sacar ventajas políticas de la inseguridad imperante. “Es demasiado grave la situación y la indefensión social como para especular. También creo que reiterar recetas que en las últimas décadas fracasaron lamentablemente anuncian el mismo resultado”, consideró Valdez.
Epelbaum, quien concursa para ser jueza penal y en su bio de Twitter se describe como “orgullosamente peronista”, expresó a propósito de la crítica de Noguera a Velázquez que parecía que el magistrado había olvidado que el Código Procesal Penal, si bien fue aprobado por la Legislatura, era producto de una labor conjunta en la que participaron jueces y fiscales. “Las formulaciones de política criminal deberían ser el fruto del trabajo mancomunado de todos los sectores (estatales) que, en el ámbito de sus competencias, intervienen en la prevención y la persecución del delito”, tuiteó Epelbaum.
“El Gobierno debe dar seguridad”
Carlos Posse, abogado penalista, terció en el debate que inició el intendente taficeño Javier Noguera (PJ) y respaldó al juez Mario Velázquez. “El Gobierno debe dar seguridad con la prevención del delito”, tuiteó. Y añadió: “si hubiese puerta giratoria en la Justicia de Tucumán, (la cárcel de) Villa Urquiza no estaría colapsada ni las comisarías abarrotadas de detenidos”. Posse, quien se define como letrado peronista e hincha de San Martín, recordó que la Legislatura fijó 14 alternativas a la prisión preventiva: “la libertad es la regla por la presunción de inocencia. Comparto lo que dice Velázquez y su posición sí tiene sustento jurídico. A la ley la hacen los legisladores”.
“La responsabilidad de la seguridad es compartida”
La abogada Luisa Contino participó en el debate en Twitter que generó el intendente taficeño Javier Noguera al cuestionar al juez Mario Velázquez por decir que la seguridad era responsabilidad del Gobierno por mandato constitucional. Contino dijo: “la responsabilidad es compartida. El rol de la Justicia penal es fundamental. El individuo que supuestamente mató a Ana Dominé estaba libre porque no había sido juzgado todavía por un crimen igual. ¿Entonces?”.
