18 Septiembre 2020
Ricardo Bussi, líder del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura. ARCHIVO
La escalada discursiva entre bussistas y alfaristas se está convirtiendo en un conflicto propio dentro de la crisis institucional desatada por la denuncia del juez Enrique Pedicone en contra del vocal Daniel Leiva. Y la confrontación entre los referentes de Fuerza Republica y los del Partido por la Justicia Social, precisamente, ha trascendido los cuestionamientos entre dirigentes para convertirse en una disputa institucional entre fuerzas políticas.
“Los alfaristas se olvidan que fueron elegidos para ser opositores. Aclaramos esto porque ahora actúan como peones del gobernador, atacando a la oposición; defraudando a las personas que los votaron para ser opositores a Juan Manzur en las elecciones del año pasado”, fue el pronunciamiento que, como partido, formuló FR. Se trata de la respuesta a las críticas que arreciaran durante la semana contra el líder de esa agrupación, Ricardo Bussi.
En su acusación, Pedicone sostiene que Leiva le pidió que “maneje la intensidad” de la causa en la que el legislador está denunciado por presunto abuso sexual y corrupción, según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo. A partir de ello, el legislador Raúl Pellegrini propuso formalmente que la Legislatura resuelva licenciar por tres meses a Bussi. Argumentó que, de lo contrario, el legislador denunciado podrá votar en eventuales enjuiciamientos políticos contra Pedicone y contra Leiva, lo cual consideró como una situación incompatible.
La iniciativa de Pellegrini fue respaldada, luego, por el secretario de Obras Públicas, Alfredo Toscano; por el concejal Rodolfo Ávila y por el subsecretario de Tránsito, Enrique Romero.
“Mientras nuestras instituciones se resquebrajan, el alfarismo juega a hacer política de la más baja estofa, poniendo en evidencia que nada les interesa más que desprestigiar a Bussi a como dé lugar. Sino cómo se explica que las únicas declaraciones tendenciosas son en contra de nuestro presidente, pero no dicen nada de (Osvaldo) Morelli, (Jorge Yapura) Astorga y (Daniel) Deiana, también denunciados. El alfarismo está haciendo manzurismo, ni más ni menos”, expresaron los legisladores Sandra Orquera, Nadima Pecci, Mario Casali, Horacio Vermal, Juan Rojas, Gerardo Huesen y Paulo Ternavasio; los concejales de capital, Eduardo Verón Guerra, Belén Espinosa, Liliana Leiva y Ramiro Ortega; de Las Talitas: Johana Puntano y Lorena Palomino; de Tafí Viejo: Domingo Orquera y Luciana Stakelum; de Banda del Río Salí: Ana Boloña y Darío Huesen; de Yerba Buena, Gonzalo Cisneros; y de Alderetes, Roberto Díaz.
“Precariedad”
La respuesta llegó con otro pronunciamiento, en este caso del congreso del Partido por la Justicia Social.
“El espantoso espectáculo institucional, que tiene el apellido Bussi una vez más en el centro de la vergüenza, pone a dos de los tres poderes ‘republicanos’ en un estado de precariedad institucional nunca antes visto en este siglo; y todavía se permiten levantar el dedo acusador tratando de desviar la atención que una vez más se posa sobre su figura”, consigna el comunicado.
“Si a esa fuerza le queda algo de republicana debe exigir que sus legisladores acusados pidan licencia, eso es lo que exige la República -se puntualizó-. Así que le deseamos fuerza para que cumplan con lo que prometen desde su nombre”.
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