Un salvataje para el año electoral

Está claro que la discusión por un nuevo esquema de distribución de la coparticipación no fue, no es, ni será posible en la Argentina. La gestión del presidente Alberto Fernández ya ha dado su veredicto. Luego de avanzar sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y cederle parte de sus fondos a la provincia de Buenos Aires, para frenar la protesta policial, la Casa Rosada no quiere otros debates de esa naturaleza. El jefe de Estado ya le dio las instrucción para que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se encargue de diseñar el mecanismo de asistencia pospandemia a las provincias. Lo reconoció ayer durante su visita a San Juan.

Las provincias del interior han quedado fuera de la pelea entre los titanes. CABA y provincia de Buenos Aires son los distritos más beneficiados en el reparto automático de recursos, leyendo esto en términos nominales como reales (tomando en cuenta la evolución inflacionaria). La política nacional se ha concentrado en las tierras donde más plata se mueve y, además de jaquear a una de las pocas jurisdicciones que le quedó al macrismo, la batalla por el reparto de fondos ha sido un mensaje para el resto de los gobernadores. El federalismo seguirá estando bajo control de los que hoy definen políticas de Estado en Balcarce 50 de CABA. Juan Manzur viaja precisamente hasta allí hoy con el fin de no perder pisada a lo que se viene. Si el esquema de distribución extraordinario es el mismo que se aplicó este año, el fondo fiduciario a crear tendrá un piso no menor a los $ 120.000 millones. En buen romance, esto implica que Tucumán puede llegar a acceder a unos $ 6.000 millones o tal vez un poco más de recursos para arrancar el año electoral sin grandes contratiempos fiscales.

Manzur, como el resto de sus pares provinciales, necesita pasar el test de las urnas con un resultado que le garantice al menos un 50% de acompañamiento, más allá de las aspiraciones que pueda tener en 2023. Este viene siendo un año demasiado pesado para el gobernador tucumano por la cantidad de conflictos abiertos en territorio provincial, más allá de los ocasionados, a nivel global, por la pandemia de la covid-19. Manzur ingresará al mes del primer aniversario de su segundo mandato pidiendo la hora. A esta altura del mes, sus funcionarios señalan que la Provincia no tiene la totalidad de los recursos que se requieren para cumplir las obligaciones salariales del mes en curso (unos $ 7.000 millones). Esa es otra de las prioridades del viaje del gobernador a Buenos Aires, en medio de los incipientes reclamos de los gremios que representan a los agentes públicos para que el sueldo se incremente al ritmo de la inflación. El Gobierno no tiene previsto reabrir negociación alguna por la actualización de los salarios estatales, amparándose en la falta de liquidez financiera y en los efectos causados por la pandemia en las cuentas públicas.

Manzur apuesta a mejorar su imagen interna de la mano de la obra pública. Para el año que viene proyecta una inversión cercana a los $ 20.000 millones, prometida por el Presidente, con el fin de que los cortes de cintas se sucedan hasta octubre de 2021. Sin embargo, habrá que esperar la letra chica del Presupuesto Nacional que ayer el Poder Ejecutivo elevó al Congreso. Esa iniciativa contempla un dólar a $ 102,40, con una inflación estimada en un 29% y un nivel de crecimiento de la actividad económica en torno de un 5,5%. Habrá que esperar un mes y medio más para establecer si Tucumán puede replicar esas pautas presupuestarias nacionales en su cálculo de gastos y de ingresos 2021. Lo más llamativo es que, por la velocidad que ha adquirido este año, las erogaciones del sector público provincial pueden rozar los $ 200.000 millones anuales. La pregunta del millón: ¿de dónde sacará la actual administración de Gobierno tanto dinero para financiarse? Tal vez la primera respuesta que pudo esbozar el lector sea el camino más directo para cubrir esas obligaciones: un incremento de los impuestos o, en el mejor de los casos, un mecanismo más eficaz para que más contribuyentes paguen los tributos en tiempo y en forma. Cualquiera sea la alternativa, se trata de un esquema de difícil cumplimiento, sencillamente por el agotamiento financiero que ha tenido el sector privado, desde el simple trabajador hasta el más encumbrado industrial radicado en la provincia, debido a una prolongada cuarentena que ha cumplido medio año de vigencia.

La realidad embarga a la gestión. Negocios tradicionales han cerrado sus puertas porque no pueden, siquiera, abonar sus gastos fijos. Los que quedan en pie han iniciado un proceso de reestructuración de la unidad de negocio y, dentro de sus posibilidades, de diversificación hacia áreas de comercialización insospechadas en momentos normales. Las grandes cadenas comerciales están anunciando que se irán del país porque al escenario de la pandemia se le suma una fuerte presión fiscal que agobia aún más la posibilidad de subsistencia. Así resulta difícil generar más inversión que, consecuentemente, motorice la recuperación del empleo.

El Gobierno nacional está diseñando un salvataje para las provincias. De la misma manera, ha dado una mano para que las empresas privadas puedan seguir operando, con la Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) de por medio. Pero el camino indica que una baja en la carga tributaria puede ser la llave para que la reactivación sea más clara que una economía en negro, tan precaria como consuetudinaria.