14 Septiembre 2020
La escalada de hechos delictivos y de violencia no se detiene en esta provincia que parece signada por la tragedia. El asalto seguido de asesinato de una comerciante en avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, el viernes a la noche, y la salvaje ejecución en el barrio San Miguel de un joven que había robado una moto son el reflejo del profundo pozo en que se encuentra nuestra sociedad.
Se trata de una gran pérdida de todos los frenos de una comunidad civilizada. Los casos de brutales ataques en plena ciudad -como el de la comerciante, cuyos asesinos actuaron con una saña que asusta y sin ningún tipo de dudas, según relatan los testigos y de acuerdo como se ve en el video que se difundió ayer- y los ocurridos en el campo, como el del productor rural “Pepe” Porcel- no sólo dan muestra de que el caos se adueña de las calles y los caminos, sino que está llevando a la gente a buscar salidas alternativas. La gente se está armando, tal como han revelado los ruralistas, y al mismo tiempo las frustraciones y la angustia por la violencia imperante están dando lugar a muchos casos de justicia por mano propia. Ya es habitual ver escenas de apaleamiento a arrebatadores capturados por los vecinos, incluso con vejaciones salvajes como la ocurrida el viernes en Alderetes, que reflejan cuánto ha penetrado en las víctimas el ansia de venganza violenta. Así ha sido el caso del ladrón de motos ajusticiado. Lo hicieron caer del vehículo, lo ataron de manos y pies, lo patearon en la cabeza, le dispararon con un arma y luego ataron el cuerpo a un vehículo y lo arrastraron por el pavimento hasta que falleció. Los fiscales de instrucción, que hace cuatro años habían advertido el nivel de violencia que se percibía en las reacciones de la gente que ejercía justicia por mano propia, le dirían al hoy detenido joven que mató al ladrón que afronta una causa por homicidio agravado de más de 25 años de prisión.
Lo que se ha hecho desde que se advirtieron los crecientes niveles de violencia en la sociedad ha sido poco o nulo. Hoy, con más de 100 asesinatos en lo que va del año, Tucumán se encuentra en el terrible podio de las provincias más violentas. Los funcionarios han prometido normas que supuestamente iban a ayudar a pacificar la sociedad, como la polémica ley Antimotochorros -que no se ha llegado a aplicar- o el programa de cuadrantes por el que agentes de calle iban a recorrer a pie, en bicicleta, en moto y en autos los distintos barrios de la capital con el fin de hacer prevención del delito y la violencia. Tampoco se aplica. Otras normas, como la de la lucha provincial contra el narcomenudeo o la de la regulación de las policías municipales han quedado en expresión de deseos, todas con argumentos que no ayudan a entender lo que está sucediendo, porque la violencia vuelve a estallar aquí y allá., como si fuera un sino fatídico al que estuviéramos destinados.
Queda claro que no basta con echar la culpa a la Justicia -hoy está en debate la liberación arbitraria de delincuentes- sino que urge estudiar lo que está sucediendo, para saber cómo actuar, así como hay que darle respuestas a la gente que reclama por qué no se aplican las leyes que se han sancionado. Ese debate urge y en él están involucrados no sólo los funcionarios de seguridad y los de la Justicia, sino que las entidades representativas de la sociedad civil tienen que estar debidamente acreditadas para hacer oír su voz en este asunto que nos concierne a todos.
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