12 Septiembre 2020
Daniel Leiva y Enrique Pedicone.
La segunda semana de septiembre concluye en la Legislatura con una estadística reveladora de la dimensión de la crisis institucional que atraviesa Tucumán: se presentó más de un pedido de juicio político por día hábil. Luego de que el domingo pasado LA GACETA publicara los audios aportados por el juez de Impugnación Enrique Pedicone, con los que sostiene su denuncia contra el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público, no hubo una sola jornada entre el lunes y ayer en que no se formulara un planteo de destitución contra alguno de los dos magistrados.
Ayer, precisamente, se interpuso el cuarto pedido de remoción en contra de Pedicone (Leiva acumula tres). Fue promovido por el abogado Carlos María Gallardo. El letrado sostiene que el ex camarista penal dispuso el mes pasado la liberación de un detenido sin contar con competencia para ello.
El contexto de esta situación se remonta a la tercera semana de agosto. El fuero penal se encontraba en una “miniferia” dispuesta por la Corte Suprema provincial, con la finalidad de que todos los esfuerzos se abocarán a tener todo listo para que el 1 de septiembre comenzará a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. Entonces, Pedicone y su par en la Cámara Penal, Eudoro Albo, solicitaron al superior tribunal que se les permitiera trabajar durante la “miniferia”.
La situación salió a la luz en torno del caso del Bar y Billares Punto y Banca. El local fue clausurado por el fiscal Carlos Picón y los dueños del comercio apelaron la sanción. Pedicone tuvo intervención en la causa, de la cual se apartó cuando, en votación dividida, la Corte decidió no hacer lugar al pedido de afectación de Leiva y Pedicone, mediante la acordada 730/20.
Gallardo, en su pedido de enjuiciamiento político, sostiene que el día antes, el 19 de agosto, Pedicone dispuso la libertad de Ángel Edgardo Sacarías Bravo, “sin ser competente, lo cual constituye una falta grave” porque Pedicone se encontraba comprendido por la “miniferia”, dado que su “pedido de afectación” nunca fue concedido por la Corte.
Según el abogado, se trata de “una falta grave que no solamente constituye una grosera irregularidad jurisdiccional en el ejercicio de la magistratura, sino que, además, podría configurar delitos tipificados en el Código Penal”.
Gallardo hace hincapié en que la determinación del ex camarista de obrar presuntamente sin competencia para liberar al procesado “violó la garantía del juez natural. (...) La sentencia dictada por Pedicone entraña un desborde jurisdiccional y pone en tela de juicio la actividad del órgano judicial”.
Planteos en contra
Vocal de la Corte Suprema (3): Leiva enfrenta tres pedidos de juicio político: uno presentado por el abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco (ambos del Pro); otro de la gremialista Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales, y un tercero de 10 dirigentes de Juntos por el Cambio.
Juez del Tribunal de Impugnación (4): Enrique Pedicone enfrenta cuatro pedidos de destitución: el primero lleva la firma de la víctima Lucas Emmanuel Mayer y de su padre, el abogado y ex juez Carlos Mayer; el segundo y el tercero son impulsados por el ex legislador y letrado Juan Eduardo Rojas en representación de los familiares de las víctimas Barrionuevo Núñez, Concha y Palavecino; mientras que el cuarto fue promovido ayer por el abogado Carlos María Gallardo.
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