Acción y reacción

La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentidos opuestos.

Desentrañar la madeja del caso Pedicone-Leiva parece un imposible propio de los laberintos borgeanos. Al menos para el mundo del poder, que elucubra que detrás del planteo del juez hay otros intereses o que la postura del oficialismo es para proteger los beneficios de estar en la cúspide. Pocos leen que haya una búsqueda por una Justicia ciega, eficiente y ajustada a derecho. De un lado y del otro. Entre esos laberintos se pierden los protagonistas, las acciones y las reacciones de las instituciones de Tucumán, que dejan más flancos abiertos que claridad en torno a la denuncia que sacude a los poderes del Estado.

Enrique Pedicone, en su formulación judicial, menciona que en dos casos anteriores al “Bussi” el ministro de la Corte, Daniel Leiva, le había pedido que actúe según presuntos intereses del oficialismo. Uno de ellos tiene que ver con el abogado Roberto Toledo, a quien supuestamente el ministro judicial le pedía que perjudique. Toledo es uno de los abogados con mayor influencia en Tribunales. A su vez, es quien firmó la demanda judicial mediante la cual la Cámara en lo Contencioso administrativo declaró nulos los escandalosos comicios de 2015, luego validados por la Corte Suprema. Ese abogado, al mismo tiempo, tendría una relación personal estrecha con otro ministro de la Corte .

De ese entramado de vinculaciones cercanas entre personajes que caminan sobre alfombras rojas se podría empezar a tirar de los hilos para desenredar el pesado ovillo que cae sobre las instituciones. En pocas palabras, el oficialismo huele en el planteo de Pedicone que hay mucho más que sólo un interés por purgar el Poder Judicial de la intromisión de otros poderes. Es la lectura que realiza respecto del planteo. No ve una intención de un juez de exponer una irregularidad en la Justicia. De ahí que actuó, primero, lanzando manotazos sin táctica ni técnica y, luego, con acciones políticas y judiciales más coordinadas.

Aquí aplica la tercera ley de Newton, que deja al descubierto que algunas cuestiones, en Tucumán, se ventilan o solucionan a partir de los golpes, no de lo que dictan las leyes ni la búsqueda del bien común. Sólo así, por ejemplo, se entiende que ahora y no antes Leiva haya ventilado las más de 100 causas que -afirma- Pedicone instruyó a favor de la liberación de “presos y violadores”. ¿Admite que falló la Justicia? Porque en sus dichos revela que Pedicone actuó mal, que las auditorias no funcionaron, que los mecanismos de control respecto del accionar de los magistrados no existen, o peor aún, admite que en la Corte sabían que al menos este juez en particular no cumplía con su labor ajustada a derecho y lo dejó pasar. Hasta que denunció a uno de sus integrantes...

Algo similar sucede con la batahola de dirigentes peronistas que ahora, mágicamente, aparecieron denunciando el accionar judicial (lo de Juan Rojas, ex legislador, ex defensor del Pueblo y veterano dirigente peronista es rayano con lo “infantil”). Incluida la Legislatura, que también ahora reaccionó con inusitada virulencia por las causas mal procesadas, por la liberación de los presos y publicitando el listado de casos “sospechosos” (en junio había pedido un informe a la Justicia, pero sin exponer el listado de casos). ¿Son los únicos? ¿No existen otros planteos por casos irresueltos o mal instruidos en la Justicia ante la Legislatura? Solo mencionar las cientos de causas de tucumanos que reclaman por supuestas estafas y favoritismos en el Instituto de la Vivienda sirve para mostrar que la leche no cuaja: no una, sino varias veces fueron a reclamar. También lo hicieron familiares de víctimas de casos impunes y muchos otros que llegaron a la Cámara para que actúe ante el presunto mal accionar de Tribunales. No hubo publicidad de listados ni pedidos de investigación para aquellos magistrados que, según esos respectivos grupos de afectados, fallaron en contra del derecho. La seguidilla de legisladores, concejales y dirigentes diversos a favor de uno u otro magistrado dan muestra de lo mismo: la política, los poderes políticos, ya tomaron postura. No por conocer qué juez miente o qué anda mal en la Justicia, sino por defender los intereses de su respectivo sector político-partidario. La designación de Esteban Jerez en la defensa de Leiva y la del trío Ahumada-Mrad-Battig en el litigio de Pedicone es otro signo de que todo está impregnado por el tufillo de la mala política, esa que impacta sobre las instituciones y su credibilidad.

Acaso si la acción de Pedicone hubiese sido otra, la reacción de la contraparte también lo habría sido. Pero el caso ya sobrepasó a esa ley física y se instaló en el terreno del desprestigio hacia los tres poderes del Estado que “administran” nuestras vidas.