El Colegio de Abogados, que preside Marcelo Billone, había objetado a la Legislatura por la difusión de un más de un centenar de casos en los que intervino Enrique Pedicone, integrante del Tribunal de Apelaciones y denunciante del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva.
Esta situación motivó que el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, resolviera contestar por escrito a lo planteado por el titular de la entidad letrada. En nombre del cuerpo legislativo, el referente oficialista respaldó la decisión de publicar la nómina de imputados que, según esta postura, fueron beneficiados por sentencias de Pedicone. "En Tucumán, el funcionamiento de las instituciones y la división de poderes están aseguradas y en pleno ejercicio", sostuvo Jaldo.
"El reclamo por el que el Colegio de Abogados considera que se está viviendo una grave afectación a la institucionalidad provincial, según la sesión extraordinaria del día de ayer, no se condice con la extrema gravedad de los hechos que esta Legislatura viene atendiendo desde junio pasado", indicó el vicegobernador en el escrito, al cual accedió LAGACETA.com.
Recordó que "por unanimidad", mediante la resolución 45/2020, el cuerpo legislativo solicitó al Poder Judicial "un informe pormenorizado de las identidades de las personas que se encontraban privadas de la libertad el 1 de marzo del corriente año, y que hubiesen recuperado la libertad por disposición judicial desde el 16 de marzo". Esto, según Jaldo, "no tuvo respuesta en su momento por parte de la Presidencia de dicho poder".
Para "poner en contexto"
"La confirmación de la liberación de 104 detenidos por orden del camarista Pedicone fue finalmente informada a la Legislatura el 4 de septiembre, y dada a conocer a la prensa para poner en contexto la denuncia que el camarista desautorizado por la Corte realizó en estos días", expresó Jaldo en su respuesta.
Y consideró que "esa es la verdadera gravedad institucional que debe preocupar a la sociedad tucumana". "Y en particular al Colegio de Abogados, del que -como exige su ley de creación y modificatorias-, se espera un aporte propositivo al orden público y a la vigencia del estado de derecho, sin calificaciones alarmistas ni inquietantes", remarcó Jaldo.
"El Colegio de Abogados sabe que esta Legislatura dio muestras acabadas de receptar sus inquietudes cada vez que le fueron formuladas", afirmó el referente oficialista.
El vicegobernador además descartó la hipótesis planteada por Billone. "Me permito dirigirme al Colegio, a sus autoridades, a sus matriculados y a la comunidad toda rechazando la imputación de una pretendida intromisión de este Poder Legislativo en las competencias de los otros poderes", aseveró el oriundo de Trancas.
A su criterio, se trata de "ejercitar" la primera obligación de la Legislatura, "que es representar la voluntad soberana de su pueblo", y "de ejercitar -si correspondiere- sus funciones previstas en el artículo 47 de la Constitución provincial", es decir, la tramitación de un juicio político. "Para hacerlo, necesita estar informada, como se solicitó institucionalmente el 11 de junio pasado", aseveró Jaldo.
"Quizás el apresuramiento de su reacción se deba al impacto mediático de la denuncia del camarista en falta", agregó el vicegobernador.
"Esta Legislatura -prosiguió-, no de ahora, sino de siempre, se ocupa de ejercer correctamente sus atribuciones. Las que el pueblo tucumano le ha confiado. Como presidente de este cuerpo y en su representación, ratificamos el ejercicio de nuestras atribuciones con total apego a la letra y al espíritu de la Constitución de la Provincia", finalizó Jaldo.