SESIÓN EXTRAORDINARIA. El Colegio de Abogados advirtió que hay acciones de poderes y organismos públicos reñidos con los principios democráticos. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Respecto de la grave situación generada con motivo de la denuncia penal formulada por el camarista Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva, este Colegio advierte con extrema alarma la existencia de conductas que interfieren gravemente con la institucionalidad provincial y el sistema republicano de división de poderes adoptado por la Constitución local”. En estos términos se pronunció el Colegio de Abogados de Tucumán, en la sesión extraordinaria que celebró ayer.
La entidad manifestó que observa “de parte de algunos poderes y organismos constitucionales un accionar absolutamente reñido con los principios democráticos y las facultades específicas que la Carta Magna les atribuye”.
En primer lugar, el Colegio de Abogados se refirió “a la intervención que ha tomado la Legislatura, pretendiendo ejercer una suerte de control sobre actos cumplidos en la órbita del Poder Judicial, que en modo alguno se cuentan entre sus potestades”. Se refiere al pedido de informes de 107 fallos de Pedicone con los que, según sostiene Leiva, se habría dispuesto el cese de prisión preventiva y la liberación de procesados por delitos graves.
Como se recordará, Pedicone acusó a Leiva de haberle pedido que “maneje la intensidad” del proceso contra el legislador Ricardo Bussi, por presunto abuso sexual y corrupción. El domingo, LA GACETA publicó los audios con los que el ex camarista acusa al vocal de la Corte. Leiva, por su parte, sostuvo que Pedicone sólo busca “distraer la atención” respecto de ese centenar de fallos, mientras su defensa sostiene que las grabaciones son “truchas”.
La entidad profesional advirtió que el pedido de informes del Poder Legislativo sólo sería “una actuación válida” en el contexto de requerir documentación si hubiese un proceso de juicio político.
“Lo mismo puede predicarse de la posición asumida por el vicegobernador, quien invocando su carácter de tal exigió públicamente ciertas actitudes del camarista”, plantea el pronunciamiento. Osvaldo Jaldo le había reclamado a Pedicone, en la edición del viernes de este diario, que presente las pruebas ante la Justicia. El ente colegiado consignó que “de sentirse rozado por la cuestión”, Jaldo debería presentarse a título personal y tomar intervención en la causa.
En la misma línea se objetó que el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, requiriese el listado de los fallos de Pedicone a la Corte. “Pretende, en claro exceso de sus facultades, tomar intervención desde su cargo requiriendo información improcedente al Poder Judicial sobre actuaciones jurisdiccionales del camarista”.
El Colegio de Abogados, además, requirió a la Corte que inicie un sumario administrativo al secretario de la Cámara Conclusional, Fernando Valladares, quien declaró en la Fiscalía Regional que las actas que firmó dando fe de las grabaciones de Pedicone eran falsas porque no tuvo acceso a los audios, sino que el juez se las dictó. La entidad pide que se “determine el exacto alcance de sus responsabilidades y las sanciones que correspondieran”.
