07 Septiembre 2020
EN TRIBUNALES. Gustavo Morales, abogado penalista. Foto: Archivo LA GACETA / Jorge Olmos Grossso
La Legislatura deberá tomar postura formal con relación al escándalo judicial desatado por los audios registrados por el integrante del Tribunal de Impugnación Enrique Pedicone, los cuales -según denunció el magistrado- demuestran la intención del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Leiva, de ejercer presiones en el proceso penal contra el legislador Ricardo Bussi (FR), con el supuesto objetivo de que se mantenga "funcional" al oficialismo.
El abogado penalista Gustavo Morales y la dirigente gremial del ámbito judicial, Nélida Alejandra Martínez Romero, formularon una presentación hoy en mesa de entradas del Poder Legislativo para solicitar el juicio político en contra de Leiva.
Los autores del planteo -al cual tuvo acceso LAGACETA.com- sostienen que el vocal de la Corte debe ser destituido por "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" y por la "comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".
Además, requirieron que se "imprima trámite urgente" al expediente, por tratarse de una "situación de gravedad institucional".
"(Existió una) grosera intromisión de un órgano del Estado sobre otro y el abandono voluntario del ciudadano Daniel Leiva de su noble función de juez. Porque quien carece de independencia e imparcialidad, no es juez; por lo menos, en un estado social y democrático de derecho", consignaron Morales y Martínez Romero en la presentación.
El escrito, que detalla punto por punto el escándalo judicial revelado por LA GACETA, solicita además una serie de medidas para la producción de pruebas, tendientes a determinar si el caso de Leiva amerita o no el inicio de un proceso de remoción en el ámbito legislativo. Además, el texto contiene duros cuestionamientos dirigidos al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y a otros dirigentes del bloque Justicialista de Todos.
El oficialismo tiene los números necesarios en la comisión de Juicio Político de la Legislatura para definir el futuro de la presentación.
Este grupo de trabajo está compuesto por una mayoría de legisladores afines tanto al gobernador Juan Manzur como al vicegobernador Jaldo: Zacarías Khoder, Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez de Salomón, Reneé Ramírez y Carlos Francisco Gómez. A ellos se suma el alperovichista Julio Fabio Silman, del bloque aliado al oficialismo Hacemos Tucumán. Los únicos opositores son Raúl César Pellegrini (PJS-Vamos Tucumán) y el bussista Mario César Casalli (FR).
Ante el Colegio de Abogados
En paralelo, Morales presentó una nota dirigida al presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Billone, para advertir "la grosera intromisión del Poder Legislativo y del defensor del Pueblo", Fernando Said Juri Debo, al requerir informes sobre el desempeño del juez penal Pedicone. Ante ello, Morales requirió una audiencia urgente con el consejo directivo de la entidad letrada.
"Este contexto no permite ni tolera actitudes de mansedumbre, comportamientos genuflexos disfrazados de prudencia o asepsia -venga de donde viniere-, ni mucho menos la toma de partido por hombres que accidentalmente visten la toga, aunque en un caso el acceso a la judicatura lo fuera por 'concurso de antecedentes y oposición' y, en el otro, el advenimiento se produjo por la obsecuencia militante que aún no la abandona", postuló Morales.
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