EL MAGISTRADO QUE DENUNCIÓ AL VOCAL DE LA CORTE. Enrique Pedicone ofrece explicaciones en LA GACETA sobre la acusación que formuló. la gaceta / foto de Analía Jaramillo
Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación de la capital, hizo dos presentaciones ayer ante los fiscales Daniel Marranzino y Mariana Rivadeneira en el ámbito de la causa “Leiva”. Mediante la segunda acusó recibo de la “exigencia” que le había dirigido el vicegobernador Osvaldo Jaldo para que dejara de “pasearse como si fuese un actor de cine” y entregara a la Justicia las pruebas que, según dijo en la denuncia del 1 de septiembre, acreditarían los presuntos delitos atribuidos a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el escrito, Pedicone demandó garantías de transparencia a Marranzino y Rivadeneira para facilitarles las supuestas grabaciones que posee. “Les otorgo 24 horas. Si el Ministerio Público Fiscal no asegura la publicidad, pondré los audios a disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la prensa”, anunció.
El juez encabezó sus planteos remitidos por correo electrónico con la misma frase de Giovanni Falcone, magistrado italiano asesinado durante el “Mani Pulite”: “con la muerte en los talones” (se informa por separado). En el texto referido a las grabaciones, Pedicone expresó que había recibido una “intimación pública” de parte de Jaldo mientras que Marranzino le “retaceaba” información sobre su causa y pretendería sustanciarla con el método “secreto” del viejo Código Procesal Penal. “No tengo ninguna clase de garantía sobre la preservación de la prueba. Luego de la exigencia de Jaldo, sospecho que parte de la Justicia ha perdido su condición de órgano jurisdiccional, ni qué hablar de la objetividad del Ministerio Público Fiscal”, observó. Y añadió: “veo la posibilidad de que (quienes deben investigar la denuncia) se hayan convertido en un simple reflejo de intereses políticos como da cuenta la prueba que aportaré que encuentra a Leiva como máximo operador”.
En su denuncia, Pedicone se había comprometido a entregar los audios que registrarían el pedido del vocal para que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi cuando lo citara la Justicia provincial. El juez manifestó que, para intentar influir en su decisión, Leiva habría invocado los nombres del gobernador Juan Manzur y del vice Jaldo. Tras leer las instrucciones que el segundo le mandó por medio de este diario, Pedicone anticipó que quizá acuda primero a instituciones que, según su criterio, garanticen la máxima transparencia. El plazo de 24 horas vencería el lunes, si se cuentan los días hábiles. Al respecto, Pedicone citó las expresiones de los obispos tucumanos Carlos Sánchez y Melitón Chávez: “no podemos pasar por alto esta peligrosa situación ya que, de ser así, se estaría cuestionando en cierta manera al mismo sistema republicano y democrático sin los cuales hay riesgos para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos y el acceso a una Justicia independiente”.
A favor de la oralidad
En la primera presentación, Pedicone manifestó su disconformidad con la posibilidad de que la pesquisa que instó reciba el trámite “escrito y secreto” de la investigación jurisdiccional prevista en el viejo Código. El denunciante dijo que se había enterado por la prensa de que Marranzino, ministro público fiscal subrogante (reemplaza a Edmundo Jiménez, que está de licencia), había remitido su acusación contra Leiva para que Rivadeneira la incorporara al mecanismo de conclusión de casos del antiguo sistema. “Presenté la denuncia el 1 de septiembre, día de entrada en vigor de la reforma: debe ser aplicado el nuevo Código, como dispone su artículo 406, que garantiza el tiempo oportuno, y los derechos que me corresponden como denunciante; que corresponden a Leiva y que corresponden a la sociedad como víctima. Agrego que esa es la solución acorde a los principios de progresividad de la Convención Americana de Derechos Humanos y de ley más benigna”, afirmó Pedicone.
LA GACETA dio cuenta este jueves que, en virtud del dictamen de Marranzino, era muy posible que la causa “Leiva” terminara en poder del juez Juan Francisco Pisa, siempre que la fiscala Rivadeneira evaluase que hay elementos para requerir una pesquisa jurisdiccional. En los 30 años que rigió, este procedimiento especial para funcionarios con fueros nunca llevó a nadie a juicio oral. Pedicone consideró que ese esquema no le inspiraba tranquilidad o confianza: “solicito la notificación urgente del dictamen de Marranzino y expreso que (si ello no acontece) me considero habilitado para acudir a la Corte tucumana vía per saltum (sin recorrer los carriles procesales normales)”.
