La honestidad no recela justicia

La denuncia del juez Enrique Pedicone acerca de que fue presionado por el vocal de la Corte Daniel Leiva para que “maneje la intensidad” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor fuera más o menos funcional con el oficialismo, ha puesto a la Justicia tucumana en una de las mayores crisis institucionales desde el retorno de la democracia. Y la contradenuncia del miembro del supremo tribunal, quien sostiene que el magistrado intenta ocultar que sentenció la libertad de un centenar de procesados por delitos graves sólo agravó ya no la imagen sino la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Tras la publicación del caso en LA GACETA, las repercusiones venían distribuyéndose en tres grandes grupos. Por un lado, los cuestionamientos contra el vocal Leiva; por otro, las críticas contra el juez Pedicone; y, finalmente, la polémica entre el bussismo, que se reivindica como el damnificado de las presuntas maniobras, y dirigentes opositores que sostienen que queda en evidencia la supuesta connivencia de FR con el peronismo gobernante. Hasta que se pronunció la Iglesia católica.

“Como pastores de la Iglesia no podemos pasar por alto esta peligrosa situación ya que, de ser así, se estaría cuestionando en cierta manera el mismo sistema republicano y democrático sin los cuales hay riesgos para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos y el acceso a una Justicia independiente”, fue el pronunciamiento del arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y por el obispo de Concepción, Melitón Chávez.

Los prelados dieron en el centro: lo que debe preocupar es la Justicia, su integridad, su autonomía y su separación de los poderes políticos, porque sólo así está al servicio de la ciudadanía, de la legalidad y de la verdad social.

“Nuestro interés es el que tiene nuestro pueblo: que la justicia imparta su veredicto en forma libre e independiente de cualquier otro poder del Estado y de otros intereses de parte. Repudiamos enérgicamente cualquier acto que vaya en contra de la independencia judicial. De la salud de nuestras instituciones depende la vida de nuestra gente, sobre todo la de los más vulnerables, y la paz en nuestra sociedad”, puntualizaron las autoridades eclesiásticas.

Este debiera ser el eje para analizar la delicada situación del Poder Judicial. En la clásica concepción de la república, se le reservó nada menos que el papel de interpretar la ley. El dictado y la ejecución de las normas es de los otros poderes, mientras que a la Justicia le corresponde el análisis de las disposiciones: lo que hoy se conoce como su control de constitucionalidad. Hasta el punto de que el Judicial es un “poder de última palabra”: si fulmina una norma, esta deviene inaplicable.

Ese rol soberano le da enorme responsabilidad en la cosa pública y una gravitación preponderante sobre los ciudadanos: el honor, la libertad y los bienes de las personas dependen de los jueces. Para que haya república, ellos deben depender sólo de la Constitución.

Hay una denuncia en la Justicia y a partir de ello hay una causa que debe tramitarse con “la mayor publicidad y transparencia”, reclamaron los pastores católicos, con profunda convicción democrática y republicana. Para fundamentar su pedido, dieron un argumento único e incontestable: “la honestidad no recela la justicia”.

No sólo está en tela de juicio un sistema de gobierno, sino también la forma de vida de los tucumanos.