La crisis se remonta al caso de un billar y de dos lavarropas

El domingo 16 de agosto, el fiscal Carlos Picón clausuró el Bar y Billares Punto y Banca, aduciendo que no respetaba las normas de distanciamiento social dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia de covid-19. Ese hecho, nada extraordinario, puede considerarse el inicio de una crisis que terminó con la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Picón le exigió a Eduardo Martí, dueño del negocio, que entregara dos lavarropas industriales al Hospital del Este como reparación por su falta. Martí consideró vulnerados sus derechos y promovió un hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que integra Pedicone. En esos momentos, sin embargo, el fuero penal se hallaba en una miniferia dispuesta por la Corte, con el fin de que estuviera todo listo para el martes pasado, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal.

Pedicone, entonces, solicitó que se le permitiera trabajar en la feria. Ahí opera un punto de inflexión. La acordada 730, finalmente, no lo habilitará: el rechazo fue firmado por Leiva, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán, con la disidencia de Claudia Sbdar y de Daniel Posse.

Pedicone hacía convocado a una audiencia pública para el 21 de agosto, pero dada la acordada 730 no se le habilitó una sala para ese fin, así que celebró la audiencia en un pasillo de Tribunales. Allí manifestó que acataba la disposición de la Corte, pero aclaró que hasta entonces había actuado porque, además del aval verbal de Sbdar y de Posse, había sido instado por Andrés Garmendia, relator de Leiva, a pedir que se le permitiera trabajar durante la miniferia, lo que había tomado como un apoyo de ese vocal.

El 27 de agosto, Pedicone fue sancionado con un apercibimiento por arrogarse “competencia que le correspondía a otros jueces”, lo cual fue calificado como “conductas indecorosas” que “constituyen incumplimiento de los deberes”. La medida, otra vez, se adoptó con voto divido: Leiva, Rodríguez Campos y Estofán avalaron el correctivo, con la disidencia de Posse y de Sbdar.

El martes pasado, Pedicone presentó la denuncia contra Leiva. En ella, sostiene que grabó al miembro del superior tribunal en dos instancias durante el 28 de julio. Primero, cuando lo citó telefónicamente a encontrarse fuera de Tribunales, encuentro que según el escrito se concretó en un bar de Corrientes y Junín. Luego, cuando el encuentro se produjo.

Pedicone sostiene que Leiva le manifestó que hablaba “por boca” del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo y le pidió que “maneje la intensidad”de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción. Para ese día, a las 10, Pedicone había convocado a una audiencia pública por ese proceso. Según el ex camarista, el vocal de la Corte le solicitó que el ritmo del proceso se ajustara a lo “funcional” que fuera el opositor respecto del oficialismo.