03 Septiembre 2020
Cuatro protagonistas de un caso hipersensible para la Justicia tucumana
La denuncia de Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación, contra Daniel Leiva, vocal de la Corte, involucra a distintas autoridades de los tres poderes del Estado, algunas con roles tangenciales o meramente secundarios.
DE MONTEROS. Pedicone concursó para ser juez.
Enrique Pedicone
Un político devenido juez
Ni con la toga ni en un escaño legislativo ni en la Intendencia de su pueblo, Monteros, quiso o pudo Enrique Pedicone pasar inadvertido. Figura del Partido Justicialista durante los años 90, creció como contradictor de Antonio Domingo Bussi. Fue esa su época política de oro: tenía el don de la juventud. De hecho en Monteros todavía lo conocen como el intendente más joven que hubo. Pero de un momento a otro se apagó la estrella que había iluminado la carrera peronista de Pedicone, que hoy tiene 55 años. Las urnas le dieron la espalda y tuvo que conformarse con segundos planos. Peleado con el ex mandatario José Alperovich, permaneció ligado al poder por medio de un puesto de asesor del gabinete y una relación de cercanía con el siempre vigente Sisto Terán Nougués.
Lejos de la mesa de decisiones, Pedicone rehizo su biografía: estudió en Córdoba y en Barcelona; empezó a dictar clases universitarias y se decidió a concursar en el Consejo Asesor de la Magistratura. Después de mucho batallar, logró que Alperovich lo designara en la Cámara de Apelaciones (hoy Tribunal de Impugnación). Se diferenció desde que juró y encontró en la audiencia pública un medio ideal para desarrollar su perfil imprevisible. Cuando se quedó sin sala, no tuvo empacho en trasladarse al pasillo. Una semana después, la Corte le aplicó una sanción. Pocas horas más tarde, Pedicone puso en juego su cargo y presentó una denuncia contra el vocal Daniel Leiva.
CLASE 1962. Leiva cumplirá 58 años en octubre.
Daniel Leiva
“Abogado rural”, hoy en la Corte
Daniel Leiva cumplirá 58 años el próximo 26 de octubre. Sus padres son catamarqueños (Nicolás Leiva e Irma Brizuela, ambos docentes), aunque él nació en Tucumán.
Su desembarco en la función pública se remonta al 29 de octubre de 1995: tres días después de cumplir los 33 años, asumió como asesor letrado de la Municipalidad de Trancas, en la segunda gestión de Osvaldo Jaldo como intendente (la primera se remonta a 1987). Leiva, según coinciden sus allegados, siempre presentó su profesión como la de “abogado rural”.
Luego trabajó en la Dirección General de Rentas de la Provincia, en el departamento de Cobros; y se desempeñó como asesor de la Caja Popular de Ahorros. De allí pasó al Poder Ejecutivo provincial, en el Ministerio del Interior, creado en 2007 durante la gobernación de José Alperovich, y puesta a cargo de Jaldo.
En 2015 asumió como fiscal de Estado, en la gobernación de Juan Manzur. Una de sus participaciones más resonantes fue la denuncia contra el empresario periodístico Luis Manuel Pericás, por presuntas maniobras con fondos de publicidad oficial, que culminó con la detención de Pericás y de tres jueces de Santiago del Estero.
El 6 de febrero de 2019 asumió como vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para ocupar la vocalía que había quedado vacante por el fallecimiento de Antonio Gandur.
“SÍ, JURO”. Una de las pocas fotos de Rivadeneira.
Mariana Rivadeneira
La fiscala con una sola foto
Marta Mariana Rivadeneira amasó un poder enorme en el Ministerio Público Fiscal sin perder el bajo perfil. A diferencia de lo que sucede con sus pares, sólo hay una foto de esta fiscala: la que le tomaron hace nueve años, cuando juró en el cargo. Con ese estilo renuente al contacto con la prensa, Rivadeneira escaló a una posición única: su jefe, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, le entregó el manejo de las denuncias de corrupción en el centro judicial de la capital, que es el más importante de la provincia. Rivadeneira hoy reúne la doble condición de fiscala regional para el nuevo Código Procesal Penal y de fiscala de Delitos Complejos del antiguo sistema. Por esas condiciones, Rivadeneira deberá intervenir en la causa penal que Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación, inició contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Hija de la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira, Mariana Rivadeneira fue designada por el ex gobernador José Alperovich -estaba tercera en la terna que integraban Carlos López y el hoy fiscal Diego López Ávila-. En 2015, trascendió por un hecho inusual: el Estado la enjuició por la usurpación de 23 metros cuadrados de terreno en el complejo Lomas de Tafí. En el transcurso del proceso y luego de una serie de intimaciones, Rivadeneira y Raúl Ernesto Veneziano, cotitular de la casa, devolvieron el terreno, según la sentencia de la jueza Valentina Ruiz de los Llanos.
Ricardo Bussi
Legislador y eterno candidato
Ricardo Argentino Bussi cumplió 56 años el pasado 24 de abril. Nació en Kansas City, Estados Unidos, y se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.
Su carrera política en Tucumán se inició a fines de la década de 1980. El debut fue de la mano de su padre, Antonio Domingo Bussi, el ex gobernador militar condenado a prisión perpetua en 2008 por haber cometido numerosos crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Con Fuerza Republicana, el partido derechista que lidera, Ricardo Bussi ha reivindicado de forma constante el legado de su padre por medio de acciones, declaraciones y eslóganes de campaña.
Tras haber sido asesor en varias oportunidades en el Congreso de la Nación, Bussi obtuvo una banca como diputado en 1997. Dos años después, se presentó como candidato a gobernador de Tucumán (hecho que repitiría cinco veces más). Por un estrecho margen, perdió la elección en manos del justicialista Julio Miranda. En 2001 renovó su escaño en la Cámara de Diputados y, dos años después, llegó al Senado por la mayoría. Entre 2007 y 2015 fue legislador provincial, cargo que detenta actual y nuevamente desde 2019. Durante los cuatro años anteriores, fue concejal de la Capital.
En junio de este año, una ex asesora de su partido denunció a Bussi por haber cometido un supuesto abuso sexual. Además, en la causa es investigado por presuntas irregularidades bancarias.
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