“El caso de Pedicone aumenta el descrédito de la Corte”

Sigue repercutiendo la sucesión de acontecimientos que derivó primero en la audiencia celebrada en el pasillo y declarada “estéril” para transparentar el procedimiento anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el Bar y Billares Punto y Banca, y, después, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de aplicar un apercibimiento a Enrique Pedicone, el camarista de Apelaciones que le había pedido que esclareciera aquel “bochorno institucional”. “La sanción de Pedicone incrementa el descrédito de la Corte”, opinó en un pronunciamiento el diputado nacional José Cano (Juntos por el Cambio). En una declaración aparte, un conjunto de dirigentes radicales rechazó los operativos llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal por considerarlos abusivos y violatorios del Estado constitucional de derecho.

“Francesco Carrara dijo que cuando la política traspasa la puerta de los Tribunales, la justicia huye temerosa por la ventana para volver al cielo”, manifestó Cano. Y añadió que ello había quedado en evidencia en el proceder de la Corte tucumana con su nueva mayoría de ex fiscales de Estado, Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, que son los vocales que apercibieron a Pedicone (la presidenta Claudia Sbdar y Daniel Posse disintieron, y votaron por investigar las irregularidades expuestas por el juez). “Este alto tribunal muestra cómo la Justicia puede ser víctima de la política. Es esta la consecuencia del vamos por todo y de la imposición de mayorías legislativas sólo posibles con un sistema electoral amañado”, expresó Cano.

El diputado dijo que hoy se hablaba de nepotismo, designaciones, ascensos y promociones discrecionales en ámbitos donde el decoro, el recto proceder y el buen nombre constituían pilares infranqueables para débiles de carácter y principios. “Ni qué decir de relatores que ofrecen competencias a tribunales y que parecen conceder pase libre al tráfico de influencias, o representantes del Ministerio Público Fiscal que a ojo establecen sanciones pecuniarias liberatorias a los ciudadanos propias de lógicas inquisitorias, o de soluciones extorsivas, lesivas del debido proceso y de la defensa en juicio”, describió. En ese contexto, Cano afirmó que la Acordada 782 que apercibe a Pedicone importaba “un desarreglo jurídico” por su “argumentación decadente y aparente, y la violación de garantías constitucionales y convencionales básicas de defensa”. “Mientras crujen los cimientos de la república, inexplicablemente las máximas autoridades del Poder Judicial no advierten que la sociedad descree cada vez más de su proceder”, reflexionó.

El otro documento de los radicales lleva la firma de los dirigentes Eudoro Aráoz, José Luis Avignone, Félix Mothe, Miguel Isas, Florencia Araiz, Raúl Fernando Campero, Francisco Alonso, Antonio Ibarreche, Brígido Ibarreche, Jorge Chehín (h), Gonzalo Guerra, Oscar Olea, Roberto de la Orden, Exequiel Sassi, Gustavo Yanicelli, Gustavo Cravero, Juan Ángel Del Guercio, Julio Agudo, María Teresita Carabajal, María José Manes, Marta Estofán, Lucrecia Pinto, Adrián Pereyra, Raúl Gordillo, Antonio Ritorto, Enrique Zarate, Enrique Imperio, Inés Ibari, Andrea Guraïb, Silvia Leites, Azucena Chumbita, Verónica Imperio, Mariana Fordham, Lucía Ibáñez Fordham, Benjamín Ovejero Fordham, Rubén Ceballos Paz, Arnaldo Ahumada, Myriam Belbruno, Ricardo Muruaga, Micaela Denett, Mariana Pérez Lucena, Julio Carreras, Facundo Toscano y Alfredo Neme Scheig. “Ante el silencio de nuestro partido frente al avance de un Estado policial y autoritario decimos que enmascaradas en la lucha contra la covid-19 ocurren operativos completamente reñidos con la ley”, dijeron.

El documento expresa que hubo detenciones; secuestros de vehículos y de bienes, y aplicación arbitraria de sanciones pecuniarias sin ningún parámetro de legalidad. “(El Ministerio Público Fiscal) vulneró el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia, el principio de igualdad ante la ley, etcétera. De este modo desaparecen la república y el Estado constitucional de derecho”, agrega. Los radicales expresaron que mientras perseguían a los tucumanos decentes, un récord de homicidios atemorizaba a las ciudades y al campo: “el autoritarismo violento e indolente desatado contra la ciudadanía laboriosa y pacífica no puede ser parte de una política sanitaria. No hay un solo protocolo de salud pública en ningún lugar civilizado del planeta que autorice tamaña desmesura”.