Al juzgado de Monteros le quedó una causa pendiente

El Centro Judicial de Monteros es el más nuevo de los tres en funcionamiento en la provincia, y, también y aunque ha crecido considerablemente desde su puesta en marcha en 2005, el más pequeño desde el punto de vista de la cantidad de magistrados y de causas. Tal vez por su tamaño o por su juventud, estos Tribunales “quinceañeros” han dado la nota distintiva en la transición entre códigos procesales penales que implica dejar de lado el modelo 1991 para empezar, a partir del martes, a implementar las reglas sancionadas en 2016. Sucede que el 20 de agosto, el juez Mario Velázquez presentó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán una rendición de cuentas en la que consigna que, en términos precisos, el nuevo sistema arrancará en su ámbito con una sola investigación pendiente de conclusión. Se trata del proceso vinculado al audio atribuido al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva (PJ), donde habría una tentativa de soborno, entre otros posibles delitos. Velázquez informó que esa investigación jurisdiccional quedó frenada porque había que producir pruebas en otra provincia y que ello no era posible por la pandemia (se informa por separado).

Más allá de la información proporcionada, la rendición de cuentas que Velázquez remitió a LA GACETA es un acto en sí mismo inédito en el camino largo y complejo que recorrió el Poder Judicial desde que la Legislatura aprobó la reforma, que en pocas palabras reemplaza el expediente de papel por las audiencias; reduce los plazos y habilita un abanico de salidas alternativas al juicio oral. Originalmente las modificaciones debían entrar en vigor en toda la provincia en 2017, pero ese plazo sufrió cuatro postergaciones, dos de ellas accidentadas (en una ocasión venció el término sin que hubiese sido aplazado legislativamente mientras que, en la otra, los legisladores sancionaron la prórroga, pero el Poder Ejecutivo la publicó después).

En el cronograma final, los Tribunales de Concepción empezaron a usar el nuevo Código en mayo de 2019 mientras que los de Monteros y de San Miguel de Tucumán se integrarán este 1 de septiembre. Este salto final implicará la activación de una estructura separada (llamada Régimen Conclusional) que concentrará en la capital la tarea de terminar -con el digesto de 1991- el volumen de casos en diferentes estados heredados del sistema anterior. Al momento de sumarse a la reforma, las autoridades de Concepción enviaron sin más los procesos anteriores a la Justicia de San Miguel de Tucumán, que entre propios y ajenos tendrá que resolver miles y miles de conflictos.

Según Velázquez, su juzgado de Instrucción (el único existente en Monteros) aportará al “cajón de sastre” del Régimen Conclusional la causa de Caliva para que prosiga la pesquisa, y otros dos procesos elevados a juicio a los fines de que notifiquen a los imputados cuando los capturen (están prófugos). Los casos terminados sin notificación llevan la carátula “Rocha, Luis Agustín y otro s/ Robo agravado por armas, en despoblado y en banda” (iniciado en 2016) y “Fernández, Carlos Roberto s/ Privación ilegítima de la libertad agravada” (iniciado en 2018).

El informe enviado a la Corte en cumplimiento de las leyes y las acordadas referidas a la transición no implica que no haya otras investigaciones en trámite en el Ministerio Público Fiscal de Monteros o en el Juzgado de Menores, sino únicamente que el despacho de Velázquez, que es el único en su tipo en ese centro, pasa casi sin “deudas” al nuevo esquema, que modifica por completo la manera de procesar las denuncias de hechos ilícitos.

Reconocimiento

El juez otorgó a su equipo el crédito por el logro conseguido. “Quiero resaltar que en 15 años de turno permanente, continuo e ininterrumpido, el personal de este Juzgado siempre estuvo a la altura de las circunstancias y de las expectativas. Puedo decir orgulloso que todos y cada uno de los miembros de esta unidad jurisdiccional supo responder con creces a los requerimientos que las partes y los ciudadanos nos hicieron cada día”, expresó Velázquez en la rendición. El juez reflexionó a modo de colofón: “a lo largo del tiempo, este Juzgado de Instrucción en lo Penal, en todas y cada una de las oportunidades que tuvo que resolver una causa (decenas de miles a lo largo de los años, todas las cuales se encuentran protocolizadas hasta julio de 2020) se pronunció dentro de las formas y con respeto a ultranza los plazos procesales”. El magistrado concluyó su exposición con el comentario de que, en 15 años de funcionamiento, los litigantes “jamás habían interpuesto un pronto despacho” ante su unidad.