29 Agosto 2020
El caso del Bar y Billares Punto y Banca, clausurado por el fiscal Carlos Picón en un operativo de prevención de la covid-19, y al que se le exigió la entrega de tres lavarropas industriales para el Hospital del Este como reparación, no sólo ha dividido a la Corte Suprema respecto de la sanción a un camarista. También es un hecho que, según algunos profesionales del derecho, testimonia que se están llevando adelante procedimientos que no resguardan garantías básicas.
Los penalistas Analía Domínguez y Facundo Toscano cuestionan al Ministerio Público Fiscal porque sostienen que de las más de 8.000 detenciones, “sólo en una ínfima cantidad de casos los detenidos han tenido asesoramiento de un abogado”.
Sin contar con patrocinio letrado, describen, a las personas privadas de la libertad se las invita a concretar una reparación económica para que no se continúe con la causa. “Es imposible que alguien puede ejercer una elección libre si de un lado de la mesa tiene a la coerción estatal y de la otra no tiene un abogado que lo asesore”, advirtieron Domínguez y Toscano.
Los letrados también critican el cierre fisico del fuero Peral, “que mantiene a los abogados lejos del expediente, imposibilitando que ejerzamos su control”.
“La frustrada audiencia del camarista Enrique Pedicone es el corolario de todo esto, ya que en dicha audiencia se debatiría la legalidad de los procedimientos”, afirmaron. Como se informó ayer, el magistrado fue apercibido por la Corte, con voto dividido, por celebrar una audiencia en un pasillo, sin contar con una acordado que lo exceptuase de la miniferia del fuero penal.
“Nos solidarizamos con el Juez Pedicone, quien junto con otros honran el Poder Judicial buscando reconstruir la república con la transparencia y publicidad de sus actos”, manifestaron los abogados Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles. “La Corte debe castigar otro tipo de acciones de sus integrantes y no las de un juez independiente”, opinaron.
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