Productores piden más recursos para la división Delitos Rurales

Tras el asesinato de Antonio Acosta, ocurrido en San Antonio de Leales, la inseguridad en las zonas rurales volvió a ser tema de conversación entre los productores. “El procedimiento fue muy bueno por el lado de la Policía, la Sociedad Rural los felicita por el esfuerzo que hacen; al igual que en el caso Porcel se movieron rápido. A la Justicia sólo podemos pedirle un accionar veloz sobre estos acusados, si es que verdaderamente son los responsables de este nuevo crimen y si es que hay evidencia en su contra”, señaló Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. “Le pedimos al Poder Político que le dé todo el apoyo necesario a la Policía para que puedan esclarecer este nuevo caso. El jefe Manuel Bernachi se comunicó con nosotros, se mostró muy predispuesto con este caso. Ahora le pedimos a la Justicia que si estos detenidos tienen antecedentes que no entren y salgan por la misma puerta”, agregó.

Osvaldo Martín, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), se mostró sorprendido ante la distancia que habrían recorrido los delincuentes, desde el sur de la capital hasta Leales, para cometer este crimen. “No sé qué pensará esa gente para hacer tantos kilómetros de ruta y asaltarnos. La mayoría somos pequeños productores que la luchamos trabajando día a día”, enfatizó. Además consideró que, en el caso Porcel, la Justicia se movió rápido: “no sé si fue por la presión social que hubo, pero así debería ser siempre, y no que las causas caigan en un limbo administrativo si no se vuelven mediáticas. Trabajaron muy bien en esa investigación, hicieron pruebas de ADN y descubrieron que los detenidos tenían vínculos con otros casos. Espero que en el caso Acosta procedan igual”.

Otra cuestión de debate fue la escasez de recursos con los que cuenta la división policial de Delitos Rurales: cinco camionetas y nueve motos en total, las cuales se reparten entre los destacamentos de Burruyacu, Simoca, Graneros, Leales, Tapia y Las Talitas. “Me parece absolutamente insuficiente, ya reclamamos mediante un escrito una vez; en dos años que estoy frente a la Sociedad, no avanzaron en nada referido a nuestra seguridad”, consideró Murga, que además remarcó una posible solución al problema: “hay una infinidad de autos secuestrados del delito que podrían servir para esto y para otras instituciones. En su momento hablamos con el Gobierno y con el Ministerio Público Fiscal sobre esa idea de que se destinen algunos vehículos a la División de Delitos Rurales”. Por su parte, Martín también advirtió que se trata de una equipación carente para los 120 efectivos que se desempeñan en esa unidad. “Es imposible que con la inseguridad que hay en el campo den abasto con tan poco (equipo). Creo que es hora de dejar de ver tanto que la ciudadanía no se reúna por la pandemia y de controlar a quienes trabajan, tienen que combatir la inseguridad urgente. El trabajador no puede cruzar a Santiago del Estero para controlar sus campos pero la delincuencia sí”, argumentó. El referente de Apronor se mostró horrorizado con la cantidad de homicidios registrados en toda la provincia hasta la fecha: “hablar de seis muertos (en zonas rurales) en 10 meses es una locura, sabemos que en la ciudad los números asustan también, pero es imposible que Delitos Rurales se tenga que manejar con tan pocos recursos. Ahora van a trasladar el destacamento de la división desde Burruyacu hacia La Ramada de Abajo, pero si el edificio de Burruyacu no se refacciona y sólo queda un destacamento para la zona, seguiremos en la misma, no habrá un cambio”.

“Nosotros podemos proponer ideas, pero es el Gobierno el que nos debe brindar soluciones evaluando la dimensión de la provincia y la cantidad de móviles y efectivos”, analizó Martín.