23 Agosto 2020
La inseguridad se ha vuelto la materia en la que los sucesivos gobiernos provinciales han sido aplazados sistemáticamente. Semana a semana se multiplican las crónicas que abordan casos que van desde el accionar de las mecheras en las peatonales céntricas de la capital y los arrebatos o ataques de “rompevidrios” hasta violentos crímenes en ocasión de robo, además de homicidios intravecinales o intrafamiliares que muestran los niveles de violencia que imperan en la sociedad.
La problemática de las más complejas de resolver. La realidad nacional, social y económica tampoco es favorecedora. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad ha exhibido durante esta gestión estadísticas que no conforman a los tucumanos. El accionar de los tres poderes del Estado está bajo la lupa porque ninguna medida parece ser suficiente o dar demasiados resultados. En los últimos días, nuestro diario ha puesto sobre la mesa de debate la efectividad de diversas decisiones tomadas y el nivel de concreción de anuncios rimbombantes efectuados durante los gobiernos sucesivos de Juan Manzur.
Si bien en los planes del área han pregonado que la clave es prevenir los delitos, no se destinaron fondos suficientes para hacerlo. La pandemia también retrasó los tiempos, según las autoridades ejecutivas y legislativas. El proyecto anunciado en marzo que preveía dividir la ciudad de San Miguel de Tucumán en cuadrantes, por ejemplo, no se pudo poner en marcha porque no se incorporó a unos 1.300 policías como estaba previsto. El Ministerio y la Policía se las ingeniaron para llevar adelante en estos meses algunos programas menos ambiciosos, que han dado resultados modestos.
La Legislatura sancionó normas que fueron anunciadas como paliativos, pero no se aplicaron aún. En la enumeración entran leyes ampliamente promocionadas y cuestionadas como la de lucha contra el narcomenudeo, la de la Policía Municipal y la denominada “antimotochorros”. Además, si bien se prorrogó a fines del año pasado la Emergencia en Seguridad, no se conformó la comisión especial que debía analizar las políticas y los avances en la materia.
La Justicia tampoco parece dar a los ciudadanos las respuestas adecuadas. Si bien se ha reorganizado el trabajo de los fiscales y ha tenido buena evaluación, el servicio no llega a ser del todo eficiente ni sus resultados, a conformar a los ciudadanos.
Tampoco la inversión de dinero ha sido en la provincia sinónimo de efectividad. Hace casi dos años, el Gobierno dispuso la compra de equipamiento para la fuerza por $361 millones. En el encargo había diversos tipos de armas, chalecos y equipos especiales para operativos. Por la escalada del dólar, se terminarán desembolsando hasta diciembre más de $652 millones. La cuestión es que aún no llegó ni la mitad de lo adquirido.
Mientras los anuncios parecen quedar en los papeles y los planes, sin terminar de ejecutarse en el tiempo, el delito avanza sin descanso. Ahora padecemos un capítulo más que enluta la provincia: la muerte de otro productor rural, Ramón Antonio Acosta, a manos de ladrones, uno de los cuales terminó muerto. El caso tiene como antecedente inmediato el asesinato de otro agricultor, Jorge “Pepe” Porcel, sucedido a fines de junio en la Ramada de Abajo y con ellos son seis los productores fallecidos en ataques violentos en 10 meses.
El Gobierno sigue aplazado en materia de Seguridad. Evidentemente, urge estudiar las causas por las que las medidas planteadas para enfrentar el problema no se aplican, y actuar en consecuencia.
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