Impugnan el ascenso de la hija de Navarro Dávila

Una acción de amparo con un pedido de medida cautelar cuestiona el último ascenso interino que Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, otorgó a su hija, la funcionaria Magdalena Navarro Vitar. La gremialista Alejandra Martínez acudió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo con el patrocinio letrado de Gustavo Morales y de Luis Romero Abadie para solicitar la nulidad de la Resolución 135/20 del 29 de julio que rubricó el titular del Ministerio Público de la Defensa. Según esta demanda, la decisión es nula porque transgrede la Ley de Procedimiento Administrativo (4.537) vigente, además de otras disposiciones, como el derecho a la igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Martínez, que se presentó como empleada judicial -es secretaria adjunta de la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-, pidió al tribunal que cautelarmente frene el desempeño de Navarro Vitar como auxiliar de defensor-secretaria judicial “A” hasta tanto concluya el juicio. “Todo acto administrativo debe regirse, en el ámbito provincial, por la Ley 4.537 cuyo artículo 8 establece: ‘los agentes podrán ser recusados o deberán excusarse en virtud de las siguientes causales: a) tener parentesco por consaguinidad dentro del cuarto grado y segundo por afinidad; c) tener interés en la decisión o resultado del asunto, u otro similar; d) tener sociedad o comunidad con algunos de los interesados, intervinientes o sus mandatarios, y h) tener amistad o enemistad manifiestas’”, expresó la amparista. Y añadió que a simple vista se advertía que el ascenso de Navarro Vitar era insanablemente nulo. “Navarro Dávila debió haberse excusado por razones jurídicas -la ley dice ‘deberá excusarse’- y elementales principios éticos”, dijo Martínez. Además, objetó “la falta de motivación” del acto discrecional de la promoción.

“El desborde del ministro público de la Defensa ocasionó, manu militari, un enorme daño institucional con incidencia directa en el adecuado y transparente servicio de justicia”, expresa la demanda interpuesta el 19 de agosto. Y acota que era imperioso impedir que Navarro Vitar lleve adelante actos (como defensora auxiliar) que luego deban ser invalidados debido a su “designación ilegal”.

La Resolución 135/20 cuestionada promovió a auxiliares de defensor a la hija de Navarro Dávila, y a los agentes Anabella Maza Villalba; Luciana Nicole Filmann; Gustavo Eduardo Estofán; Mariana Elizabeth Merletti; María José Ahumada; Eduardo Jorge Aguilera (h) y Bernardo José Palisa. Se trata del segundo ascenso en menos de ocho meses que el jefe de los defensores otorgó a su descendiente; a Anabella Maza Villalba, que es hija del defensor oficial Silvio Maza Villalba, y a Filmann. En ambas resoluciones, Navarro Dávila esgrimió “necesidades” de servicio para hacer las promociones. Las decisiones administrativas detallan que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al jefe de los defensores oficiales a ascender al personal y que fueron analizados los antecedentes de los candidatos. En el último acto atacado, el ministro público de la Defensa dijo que los funcionarios ascendidos iban a contribuir a la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Navarro Dávila prefirió no hacer comentarios acerca del vínculo laboral con su hija. Tras la revelación de esta situación, el legislador opositor José María Canelada solicitó la planta de personal del Ministerio (no publicita las decisiones administrativas) y, luego, con otros seis pares de la alianza electoral Vamos Tucumán, presentó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica para que los auxiliares de defensor y de fiscal sean elegidos por concurso.