La Ley Antimotochorros sigue en veremos

Fue presentada como la norma que ayudaría a reducir los índices de inseguridad. Comenzó a discutirse al mismo tiempo que la pandemia de coronavirus paralizaba al país. Se aprobó en mayo, con numerosos cambios y durísimas discusiones que dividieron hasta al propio oficialismo. A casi tres meses de que se sancionara en la Legislatura, la famosa y polémica ley Antimotochorros no se puede implementar porque el PE no la reglamentó aún.

¿Qué son los motochorros? Son personas que cometen delitos utilizando motos como medio de movilidad. Pueden ser arrebatos, robos en vehículos en semáforos (también llamados “rompevidrios”), asaltos a comercios y a personas, sustracción de los mismos rodados y hasta homicidios.

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, a la hora de defender el proyecto, dijo que las motos eran el principal vector de la inseguridad de la provincia. Señalaba que, según las estadísticas que manejaba, el 80% de los delitos que se cometían en la provincia, sus autores se movilizaban en moto. El debate fue extenso y polémico. El gobernador, Juan Manzur, recibió en Casa de Gobierno a todas las partes implicadas y dio un rotundo apoyo político para que se avanzara con el proyecto. La norma que se terminó aprobando, pese a las quejas y planteos de distintos sectores de la sociedad, fue mucho más dura que la que se había propuesto en un principio.

“Es una ley chicle: está en boca de todos, pero nadie la traga”, aseguró el funcionario municipal Enrique Romero cuando aún no había sido promulgada. Los motoqueros salieron a la calle y presentaron un amparo judicial para que no se aplicara la norma.

Pero también hubo otro desencanto o desencantados con la mora en aplicar la ley. El Ministerio Público Fiscal decidió retirar todo su apoyo a la iniciativa del área de Seguridad. Había creado una fiscalía especializada en arrebatos e impartido órdenes precisas para que se persiga penalmente a las personas que circulen con motos que estaban denunciadas como robadas o que portaran armas o las irregularidades que se pudieran cometer en los controles. Además, estaba dispuesto a compartir su sistema informático para hacer el rastreo satelital de los rodados y, lo que es más importante: movilizar al personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal para darle mayor transparencia a los controles.

Alternativa

La fiscala Adriana Giannoni tiene una frase de cabecera que la dice a sus colegas, empleados y periodistas: “No hacen falta más leyes, sino que se hagan cumplir las que están vigentes”. Y eso es lo que decidió hacer la fuerza. Por orden del jefe de Policía, Manuel Bernachi, todos los días se instalan en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán, unos 160 retenes móviles de uniformados que controlan a los motociclistas.

Pese a que desde el área de Seguridad se mantienen en silencio por la reglamentación, fuentes de la cartera informaron que estos operativos son para concientizar a las personas que utilizan este medio de movilidad. Aseguraron que están dando el tiempo necesario para que regularicen su situación, pero se muestran inflexibles a la hora de toparse con los infractores. El ministro Claudio Maley explicó días atrás que, desde que se implementó este sistema, se secuestraron unas 3.000 motos. Ahora están enfrascados en otro problema: lograr que la Legislatura aprueba una norma provincial para destruir las motos que ya colapsaron los dos enormes predios de Lastenia que fueron abiertos el año pasado como depósitos. Actualmente, la provincia debe esperar al menos dos años para que un camión compactador sea enviado por la Nación a realizar esta tarea.

Optimismo

“Es cierto que no está reglamentada, pero estamos avanzando. Con estos controles, según las estadísticas que manejamos, se redujeron al menos un 20% los arrebatos”, explicó Vargas Aignasse en una entrevista con LA GACETA. “Lo importante no es la reglamentación de la ley, sino que hemos logrado buenos resultados con los controles y que la fuerza está en la calle”, agregó.

“Es evidente que falta mucho más y eso es lo que se le está exigiendo a la Policía. Estamos trabajando fuerte en este sentido para reducir los delitos. Por ahora se seguirá así, pero también es cierto que la fuerza necesita una herramienta legal. Confiamos que la tendrá y que la Justicia volverá a acompañarnos en esta lucha”, agregó el parlamentario oficialista.

La legisladora republicana Nadima Pecci cuestionó la falta de reglamentación de la norma. “Resulta claro que esta ley si bien puede ser un aporte, está lejos de resolver el problema. Lo que también queda claro es que piensan que el mero anuncio cambia algo. Es necesario enmarcar esta norma en un proyecto de seguridad de emergencia sistemático e integral para el cumplimiento de todas las leyes”, opinó.

“A pesar de lo prometido, es evidente la falta de voluntad política para un despliegue integral de la Policía con colaboración de las fuerzas federales que se requiere. Están más dispuestos a poner a la Policía a controlar a las familias para que no se reúnan que destinarla a la prevención del delito”, concluyó la parlamentaria.