![Ariza, titular de la FAM, planteó la posición de los jueces del interior respecto de la reforma judicial.](https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2020/08/17/970x761_856344_202008162357180000001.webp)
Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), expuso ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en representación de los jueces y funcionarios de las 23 provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y pidió que los poderes judiciales provinciales reciban el mismo trato que la Justicia Federal. “La Argentina debe ser federal también en su sistema judicial”, dijo el directivo en su turno de comentario sobre la reforma tribunalicia propuesta por el presidente Alberto Fernández.
La intervención de Ariza en la Cámara Alta tuvo lugar el miércoles pasado. Allí, el juez de Santa Fe opinó que la transferencia plena de competencias a la Justicia de la CABA debe ser realizada independientemente de la suerte del resto de los puntos del proyecto. “Hace 26 años que la Constitución Nacional así lo manda. Y la Corte de la Nación ha señalado en reiteradas oportunidades que no existe impedimento alguno para que sea concretada, además de que el sistema judicial porteño ha dado sobradas muestras de su capacidad para asumir las competencias”, precisó.
Ariza advirtió que el sistema de Justicia no puede sufrir cambios parciales sin que ello afecte al conjunto. “La parte más grande de esa estructura corresponde a las justicias provinciales, que atienden el 85% del total de las causas del país. No es sensato hacer esta reforma sin escuchar a quienes deben decidir en el territorio, y conocen cómo se complementan las justicias provincial y federal en cada lugar”, dijo Ariza, y reprochó la tendencia a considerar que el Poder Judicial comienza y acaba en los Tribunales federales porteños.
El titular de la FAM consideró irrazonable que continúen las enormes diferencias salariales entre jurisdicciones, y en la misma provincia entre la judicatura federal y provincial. “Toda la ciudadanía tiene derecho a recursos, infraestructuras y presupuestos equivalentes, sin importar dónde reside. Hoy las diferencias siguen siendo muy marcadas”, enfatizó Ariza.