Por Gustavo Rodríguez
16 Agosto 2020
DESCONSOLADA. Nilda “La Cabezona” Gómez se toma el rostro durante una de las audiencias. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio
La pandemia no paralizó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán. En lo que va de 2020, 44 personas fueron condenadas y una terminó absuelta. Además, otras 25 personas están siendo juzgadas por delitos de lesa humanidad en el marco de la llamada “Megacausa 14”, que ya está ingresando en su etapa final.
“No fue sencillo realizar esta tarea porque todos los actores del sistema judicial tuvimos que adaptarnos al uso de la tecnología para cumplir cada uno con su rol”, explicó el fiscal general subrogante Pablo Camuña que, junto a los fiscales subrogantes Leopoldo Peralta Palma y José Agustín Chit llevó adelante los pedidos y las acusaciones de cada una de las causas que llegaron a juicio.
El TOCF funcionó con la presencia del juez Gabriel Casas en la sala de audiencias y los restantes miembros del tribunal de forma remota, a través del sistema del PJN Jitsi.
Números
Del total de condenas, 17 lo fueron en el marco de juicios orales y públicos. Uno de ellos se desarrolló antes del 20 de marzo de 2020 cuando comenzaron las restricciones producto de la situación sanitaria por la pandemia de covid-19, y los otros dos luego de ello, a través de un sistema mixto presencial/virtual.
Las restantes 27 personas fueron condenadas en el marco de acuerdos de juicios abreviados, la mayoría de ellos. Es importante destacar que estas negociaciones fueron llevadas por las defensas y la fiscalía de manera remota y acordados en audiencias orales y públicas con presencia de los acusados a partir de distintos sistemas de comunicación (Jitsi, Zoom, WhatsApp). “Con este sistema se logró que no haya mayores dilaciones y a la vez lograr una resolución de las situaciones personales de cada uno de ellos respetando las normas de distanciamiento social”, explicó Camuña.
Balance
“Las condenas resultan significativas porque en lo que va del año se condenó a tres organizaciones narcocriminales que operaban en Tucumán y otras provincias, aplicándose penas sin antecedentes por su gravedad por parte del tribunal”, analizó el fiscal.
En marzo se condenó a la pena de 15 años de prisión a Nilda Gómez como organizadora de un grupo narcocriminal que incluía a otras 9 personas (todas condenadas a penas de entre 2 y 12 años de prisión). Esta fue la condena más alta dictada por el TOCF desde su creación en causas por delitos de la ley de estupefacientes 23.737 y la quinta personal de Gómez.
En julio se llevó adelante el juicio a una segunda organización, liderada por Javier Krujoswski y Gustavo Villalba Sosa, en el que estos fueron condenados como organizadores a 9 años de prisión y otras 4 personas a penas desde 6, 7 y 8 años por haberla integrado. Este grupo operaba ingresando marihuana en grandes cantidades desde Paraguay y el Litoral, desde donde era transportada hacia Buenos Aires, y desde allí a varias provincias, entre ellas Tucumán.
Parte de este grupo también está acusado como proveedora de la organización liderada por Mario Dardo Reyna, que operaba en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) y otros de esta ciudad. “El Mono”, como es conocido, se encuentra a la espera de juicio oral junto a otras 15 personas acusadas de formar parte de este último grupo.
Finalmente, el 12 de agosto el TOCF dictó sentencia en la causa conocida como “Pasarín” en la que, por acuerdo abreviado, se condenó como organizador a Mario Pasarín a 9 años y 4 meses de prisión, junto a otras 9 personas (con penas desde 6 años hasta 8 años y 8 meses de prisión) por organizar un grupo para la importación y tráfico de cocaína proveniente de Bolivia y el norte del país. En esta causa se condenó a proveedor, comprador mayorista y también a personas que se encargaban de la distribución en Tucumán así como la venta por menudeo en esta capital, Famaillá y otros puntos.
Los 16 integrantes de estas últimas dos organizaciones habían sido detenidos en abril de 2018 por parte de la División Drogas Peligrosas de la PFA (en investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, a cargo de Camuña), en un mismo fin de semana con casi una treintena de allanamientos llevados adelante en cinco provincias simultáneamente.
Por último, en otra causa de especial significación fue condenado Walter Damián Vallejo, que se desempeñaba como guardiacárcel del penal de Villa Urquiza y que fue detenido cuando intentaba ingresar estupefacientes y pastillas a ese establecimiento. La condena fue a 11 años de prisión pues se trataba de la figura agravada por ser funcionario público encargado de la guarda de personas privadas de libertad y por ser los delitos en perjuicio de éstas.
El fiscal destacó que en todas estas causas, se ordenó además el decomiso de dos inmuebles céntricos en la capital, una veintena de vehículos -varios de ellos de alta gama como un MiniCooper, una Dodge RAM, un Audi, varias camionetas 4 x 4-, y más de $500.000, así como unos U$S 15.000, y cantidades menores de euros y reales. Recientemente Camuña solicitó al TOF que parte de esos vehículos sean puestos a disposición del Ministerio de Salud de Tucumán para su uso en las medidas por la pandemia de covid-19.
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