Por Gustavo Rodríguez
16 Agosto 2020
PARTE DEL PAISAJE. En Banda del Río Salí los vigías recorren las calles de esa ciudad desde hace ya varios años. la gaceta / foto de Analía Jaramillo
En una calurosa mañana del 26 de diciembre de 2018, el gobernador Juan Manzur oficializaba una iniciativa que había surgido en la Casa de Gobierno y que fue rápidamente aceptada y aprobada por la Legislatura: la creación de la Policía Municipal de Prevención Local. Se trataba nada menos que la incorporación de los vigías o guardias municipales en las tareas preventivas para colaborar con la fuerza. La medida fue aplaudida, ya que se consideraba que podría ser una herramienta para luchar contra la inseguridad. Pero la norma nunca se puso en marcha porque no fue reglamentada por el PE. Este es otro de los proyectos que quedó trunco.
La Ley 9.144 tenía dos fines claros y concretos. El más importante, regularizar los cuerpos de empleados municipales que realizaban tareas de prevención del delito en todo el territorio de la provincia. Cada vez eran más las jurisdicciones que creaban estos grupos para cumplir con las exigencias de sus vecinos. Algunos intendentes habían apostado a la capacitación de hombres que habían sido celosamente elegidos; otros, en cambio, destinaron empleados de distintas reparticiones sin asignación de tarea para que patrullen las calles.
La norma establecía que los vigías pasarían a trabajar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Pera ello, los intendentes debían adherirse aprobando una ordenanza. Si lo hacían, la Policía se encargaría de evaluarlos y, en caso de ser aceptados, capacitarlos para que puedan salir a las calles. Había otros puntos que terminaban fortaleciendo a los guardias urbanos. El Gobierno provincial se haría cargo de los salarios del personal que cumpliese con estas funciones y además se encargaría de dotarlos de equipos, móviles y tecnología. Pero lo más importante es que desde la Policía se fijarían líneas de trabajo a seguir.
Incorporaciones
Cuando se aprobó la norma, Manzur anunció que se incorporarían al menos 700 hombres a la fuerza. Pero en estos casi dos años, se aumentó la cantidad de efectivos y ya son unos 1.000, según los números que maneja el Ministerio de Seguridad. Ese número representa más del 10% del total de efectivos de la Policía que, según los registros, tendría unos 8.000 hombres, pero activos totalmente serían 7.500.
La palabra oficial
El subsecretario de Seguridad José Ardiles no habló sobre cuándo se reglamentará la norma, pero aclaró que es sumamente importante el trabajo que se lleva a cabo en la fuerza con los vigías y con el seguimiento del Ministerio del que forma parte.
“Desde que tuvieron origen en los distintos municipios, el trabajo con la Policía es de manera conjunta y perfectamente articulado para generar las mejores respuestas en las distintas comunidades”, explicó.
“Con la reglamentación se busca que el vigía esté profesionalmente capacitado y entrenado por la fuerza para ser abocado a las tareas de prevención. En ese contexto, los requisitos para este trabajo serán los mismos que para un agente de policía, con la única diferencia de que deberán tener residencia en los municipio en que prestarán servicios. Otro aspecto fundamental es la unificación de criterios en lo que respecta a las formalidades laborales”, indicó el funcionario a LA GACETA.
Ardiles insistió: “el trabajo es conjunto y articulado. Su importancia en los siguientes pasos estará dada por la preparación del vigía municipal, el que sabrá cómo intervenir en primera instancia en un hecho delictivo o ilícito hasta la llegada de la policía”
Planteo
“Nuestro secreto es combinar la seguridad física con la tecnológica. Hemos conseguido muy buenos resultados y vamos a seguir trabajando. De otras provincias vienen a visitarnos para oberservar nuestro modelo. No discuto que esa norma es beneficiosa para todos, pero no estamos esperando que se resuelva, sino que seguimos trabajando a favor de los ciudadanos. El intendente (Darío) Monteros tiene una política clara: se estudian los problemas y se les va encontrando las soluciones y no duda en hacer la inversión que haga falta”, aseguró Marcelo Moreno, subsecretario de Seguridad de Banda del Río Salí, uno de los municipios que más apostó a sus vigías ciudadanos.
El funcionario insistió que en su municipio ya se viene trabajando con el espíritu de esa Ley. “Nuestro trabajo es coordinado con los responsables de la Unidad Regional Este. Pero sería importante que se reglamente esa norma para que tenga un mayor valor institucional”, destacó.
Trabajo coordinado
Mauricio Argiró es el secretario de Seguridad de Yerba Buena, otro de los municipios de la provincia que decidió apostar fuerte a la lucha contra la inseguridad desde hace ya bastante tiempo.
“Esa ley se aprobó con bombos y platillos a fines de diciembre de 2018, pero no se reglamentó aún. Le pedimos al gobernador Manzur, a través de notas presentadas en la Casa de Gobierno, que la reglamente porque así se le brindaría a la Guardia Urbana Municipal (GUM) el poder de policía. Nuestros hombres, con esta norma, podrán portar armas, tendrán una mejor formación y buen equipamiento. Además, indudablemente habrá una mejor coordinación”, opinó en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario indicó además que con esta ley no se está inventando nada, sino que imita lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay una policía de condado (municipio), una estatal y otra nacional que trabajan de manera coordinada. “Hoy la Guardia no es lo mismo que la Policía, no tienen la misma incumbencia desde el momento en el que carece de poder policial. La GUM puede intervenir en casos de legítima defensa”.
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