Sube la tensión entre el Siprosa y los sanatorios por la atención de contagios

La atención de los pacientes con diagnóstico positivo por coronavirus -o que sospechan haberse contagiado- continúa tensando las relaciones entre el Ministerio de Salud Pública y la cámara que nuclea a los centros privados. Pese al diálogo, la controversia escala y las diferencias son cada vez mayores. “Hemos pedido con insistencia que el Ministerio coordine las acciones para que la población pueda ser atendida en los hospitales públicos y en los sanatorios. Hasta ahora, no hemos obtenido la respuesta que esperamos”, denunció ayer ante la prensa Eduardo Vega Olguín, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst).

La posición de la cartera que conduce la ministra Rossana Chahla es la contraria: aseguran que existe un plan de contingencia intersectorial desde que se inició la pandemia, y que en los centros privados se ha negado “en reiteradas oportunidades” la atención de pacientes con diagnóstico potencial o confirmado de covid-19 a pesar de poseer una obra social (ver aparte).

Justamente, el conflicto entre las partes estalló la semana pasada luego de que la Defensoría del Pueblo recibiera numerosas denuncias de pacientes que aseguran no haber sido recibidos en clínicas y sanatorios luego de presentar síntomas compatibles con la enfermedad pandémica. Desde entonces, se ha creado una mesa de diálogo tripartita (se sumaron representantes de las obras sociales) en busca de una solución amigable. Sin embargo, en el Ministerio sostienen que asisten a cada vez más internados “que deberían estar en el sector privado”. Hasta ayer, informaron, ya eran 162.

Un “Concepto Macro”

Los directivos de Acyst niegan que las instituciones que pertenecen a esa cámara hayan rechazado consultas relacionadas al coronavirus. “No conozco esa situación. No podemos responder por todos los lugares; hay sanatorios que no están en la asociación. Pero nosotros sí hemos atendido”, aseguró Vega Olguín ante una consulta. Antes, el directivo expuso los puntos de un “Concepto Macro” que, según el criterio de la cámara, deberían ser adoptados por la Provincia para garantizar la atención en todos los ámbitos.

“Los sanatorios recibirán pacientes de consulta espontánea o derivados por la central coordinadora Covid, con o sin obra social, siempre que su financiamiento sea asumido por la obra social de origen o el Estado”, dice el primer punto del documento elaborado por Acyst. Al respecto, Vega Olguín sostuvo que uno de los mayores problemas es que la prestación de obras sociales y prepagas en caso de coronavirus “no está incluída en el programa médico obligatorio”.

Así, la incerteza sobre quién paga esas prestaciones y los elementos de protección personal (EPP) que debe utilizar el personal de salud es una de las preocupaciones de los sanatorios. “Creemos que el Ministerio debe coordinar todas las prestaciones, tanto las efectuadas por el sector privado como el público. Pedimos directivas para ordenarnos y no hay respuestas”, insistió el presidente de la cámara. A su vez, otro de los reclamos es sobre los criterios de internación “para no mezclar pacientes covid con los no covid” y por los trabajadores que trabajan en ambos ámbitos “que pueden ser un vehículo de la enfermedad”.

“Necesitamos un plan integral que determine también qué sanatorios atenderán covid y cuáles no. Eso lo tiene que decidir el Ministerio y ellos han atomizado a dónde van los pacientes según su cobertura de seguridad social. Las camas de los sanatorios son para resolver patologías, no para aislamiento social”, se quejó Fernando Nougués, secretario de Acyst. Bernardo Silberstein, gerente de la cámara, remató: “hoy no hay un plan de atención para los pacientes sin cobertura en los sanatorios; antes sí. Que sepa la población: esta asociación no se hace responsable de la situación cuando no alcancen los respiradores en el sector público y requieran los del sector privado, que posee el 50% de las camas críticas de la provincia”.