13 Agosto 2020
Los objetivos de la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional (mejorar la Justicia Federal; crear una estructura orgánica de magistrados y funcionarios que acompañe el nuevo Código Procesal Penal; y transferir las competencias no federales a la ciudad de Buenos Aires) no merecen reparos. Pero el proyecto con el cual se intentan plasmar esos lineamientos “atrasa y opera contra las metas”. Así lo entienden la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, cuyos miembros (entre ellos, profesionales y magistrados tucumanos) reclaman un estudio multidisciplinario.
Los docentes advierten que los cambios fueron pensados desde el modelo procesal actual y por tanto reproducirá sus defectos. “No hay peor fracaso para un cambio de sistema que poner en funcionamiento una organización que no responde a los requerimientos de un proceso acusatorio”, puntualiza el comunicado de la organización.
Los reparos no sólo se dirigen al fondo del proyecto de reforma, sino también a las formas. Los profesores de Derecho Procesal Penal advierten la contradicción entre cuestionar a los tribunales federales por su falta de transparencia y de eficiencia y la decisión de sumar a los 12 juzgados federales otros 11 provenientes del fuero Penal Económico, a la par de los cuales se crearán otros 23 despachos, sin analizar si el flujo de expedientes que manejan lo justifica.
“Si la imparcialidad de los jueces ha sido entendida como problemática, ¿por qué suponer que el nombramiento de 23 jueces subrogantes mejoraría el sistema? La subrogancia implica una dotación de magistrados que puede ser influenciable, en la medida en que pretendan ganar el concurso para el cargo que están subrogando”, alertaron.
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