13 Agosto 2020
EL ALTO. Los bloqueos se profundizan en la ciudad vecina a La Paz, donde es mayor la oposición al Gobierno. Reuters
LA PAZ, Bolivia.- El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo que “meter bala sería lo políticamente correcto” para acabar con las protestas que -desde hace días- bloquean vías de acceso a varios puntos del país como protesta por la postergación de las elecciones generales.
Murillo hizo estas declaraciones durante una entrevista con la CNN, cuando el periodista le aseguró que Bolivia estaba sufirendo “crímenes de guerra”.
El ministro dijo que se va a “actuar de la forma más dura”, si no se logra un acuerdo. “Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país”, aunque “tenemos las horas contadas para ello”, dijo Murillo.
Desde hace una semana, varias vías de acceso a algunos puntos y lugares del país han sido bloqueadas por sindicatos, mineros y movimientos sociales como forma de protestar por la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se retracta tras aprobar en un primer momento la celebración de los comicios para el 6 de septiembre.
La tensión política en Bolivia va en aumento desde hace días. Ayer, la Federación de Mineros llamó a masifficar los bloqueos de rutas y a concentrarse en El Alto, la ciudad vecina a La Paz, donde se concentra el mayor apoyo al ex presidente Evo Morales, destituido en octubre de 2019. Sobre la represión a los simpatizantes de Morales, ocurridas en las jornadas siguientes a las elecciones, se presentaron denuncias ante organismos internacionales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia y otras organizaciones presentaron ayer dos denuncias ante las Naciones Unidas.
Señalan que hubo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos en ese país durante el quiebre institucional por la renuncia de Morales, en noviembre del año pasado. La acción se refiere a la represión en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, el 15 y el 19 de noviembre de 2019.
“Ambas ocurrieron luego de la renuncia forzada de Morales, seguida de la asunción ilegítima al poder de Jeanine Áñez, sostenida por las Fuerzas Armadas”, indicó el CELS en un comunicado.
La organización indicó que “la abundante evidencia enviada da cuenta de que, tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y en defensa de la wiphala y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”.
“El 14 de noviembre, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez firmó un decreto para garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas. No se brindó atención médica a las víctimas de la represión. Al contrario, en las dos masacres, los testimonios de testigos relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos”, añadió el CELS, que encabezó la denuncia. (Télam)
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