Opositores tucumanos quieren que la Justicia habilite las reuniones sociales

Opositores tucumanos formalizaron la presentación de una acción judicial ante el Fuero Federal de Tucumán que por la vía de un recurso de amparo busca suspender el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641/2020, dictado por el presidente Alberto Fernández el 2 de agosto último, por señalar sus vicios de inconstitucionalidad, el carácter “arbitrario”, “unitario” por no contemplar las diversas realidades provinciales, conteniendo “apartados contradictorios”, y significar un “peligroso antecedente para la Democracia”.

Fue firmada "en carácter de ciudadanos y vecinos de la provincia de Tucumán" por referentes en el orden provincial de la Coalición Cívica ARI Sandra Manzone y Antonio Eduardo Riba, el legislador Eudoro Aráoz, y el patrocinio jurídico de la abogada especialista en materia constitucional, Carmen Fontán.

La acción se formula en sintonía con presentaciones en otros distritos del país durante los últimos días conforme la estrategia judicial diseñada por Elisa Carrió y la CC-ARI en su orden nacional.

“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, reza la presentación.

Entre las principales falencias que vician el instrumento se señala su inconstitucionalidad y de nulidad absoluta por pretender abarcar la materia penal, expresamente prohibida por la C.N. al Poder Ejecutivo y resguardada en forma exclusiva al Congreso de la Nación, así como que habiendo cesado los supuestos que impedían al Poder Legislativo su funcionamiento con la debida normalidad no existe motivo para la continuidad del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia como instrumento de excepcional en su utilización para el presidente argentino.

En referencia a la presentación y su impulso los presentantes señalaron que "tras meses de profundas restricciones y sus consecuencias, no queda margen para disposiciones unilaterales que vulneren la legalidad y la razonabilidad”, expresó Sandra Manzone. “Si bien el Poder Ejecutivo nacional debe continuar administrando la crisis sanitaria, es con diálogo, mesura y el acuerdo general que deben disponerse medidas y no continuar planteando falsas dicotomías entre ‘vida y muerte’, ‘salud y economía’, e infundir miedo y angustia en la población”.

“Estamos convencidos que no es el camino profundizar el accionar autoritario ni policíaco. Debemos por el contrario continuar convocando todos a la responsabilidad ciudadana para la mejor prevención, el cuidado de la salud individual y colectiva, entendida de manera integral contemplando también el bienestar emocional y psicosocial, y la puesta en marcha de un plan serio y consistente para la ‘nueva normalidad’ que implica aprender a convivir con el virus como ocurre actualmente en el resto del mundo”, finalizó la concejal por la CC-ARI en Tucumán.

Fontán, en tanto, afirmó que “el Ejecutivo nacional habla de concertar con las provincias y los municipios pero luego avasallan repetidamente las autonomías locales”, “esta pandemia sólo sirvió para exacerbar el hiper presidencialismo y permitirles gobernar al margen de la Constitución y la República”. Señaló asimismo que advirtiendo los excesos “no somos anti-cuarentena” sino que por el contrario “defendemos los derechos de la ciudadanía a vivir en Democracia”; de no existir frenos al accionar desproporcionado “hoy el Estado entra en tu casa, en tu familia, mañana en tus cuentas, tu caja de seguridad, tu libertad de expresión, y así no tiene fin”.

Eudoro Aráoz enfatizó también que el instrumento “viola un elemento constitutivo de la nacionalidad como el federalismo y se somete con dinero o con el látigo”, señalando así con preocupación la adhesión forzosa y acrítica de los ejecutivos provinciales a las disposiciones nacionales por una la lógica de disciplinamiento político en base a aportes discrecionales y de recursos coparticipables en momentos de necesidad absoluta por el desplome de la recaudación y la actividad económica.

Por último, Riba expresó que “estos días son miles y miles de argentinos ganados por la angustia y la desesperanza no sólo debido a la pandemia y el profundo deterioro económico sino también porque sienten peligrar derechos y certidumbres jurídicas sin encontrar respuestas ni garantía alguna por parte de nuestras Instituciones” y apeló la búsqueda de  un equilibrio entre la salud, la economía y la libertad individual. “En idéntico sentido con presentaciones efectuadas en otras provincias apelamos a que sea nuestro Poder Judicial quien pueda en este caso limitar los excesos, y evite otros futuros”.