El juicio comenzó antes de que se cumplieran los tres años del crimen de Luis Gerardo Caro, el simpatizante de Atlético de 13 años que fue asesinado el 15 de septiembre de 2001 de un disparo por barrabravas de San Martín a la salida de un clásico. Fueron nueve las personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. Había muchas expectativas de lo que pudiera surgir en el debate, pero todo quedó en la nada. No hubo una pena ejemplificadora, sí un fallo novedoso que rápidamente quedó en el olvido.
La teoría de la fallecida Joaquina Vermal era clara y contundente. Los miembros de La Banda del Camión se habían organizado para emboscar a la barra brava de Atlético en el marco del partido amistoso que debían disputar los dos grandes de la provincia. Acusó a Sergio “Flay” Roldán de ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de Caro y que hirieron a Carlos Argañaraz; y a Juan Carlos “Tata” Fenoglio por haber provisto el arma que se utilizó en el homicidio. César Alejandro “Cucaracha”; Diego Rafael “Condorito”, y Claudio Marcelo Roldán, hermanos del principal imputado, fueron considerados partícipes. En tanto que Silvina Roldán y Alejandra Salinas (hermana y pareja de “Flay”, respectivamente) y Segundo “Chumuco” Velázquez y José Luis Naranjo, se los acusó por encubrimiento.
Sólo se juzgó ese hecho, no el enfrentamiento previo que se desencadenó por Pellegrini y que tuvo como protagonistas a los miembros de La Inimitable (apoyados por la barra brava de Los Andes que se encontraban de paso en la provincia) con el grupo que lideraba “Flay” Roldán.
“No se pudo avanzar mucho en esa causa porque la Policía se demoró en avisar a la Justicia lo que había sucedido y, cuando quisimos actuar, los sospechosos ya habían marchado de la provincia”, explicó Ernesto Baaclini, ex secretario de la fiscalía que investigó el caso.
El juicio
El tribunal, integrado por María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba, fue tenso. Se desarrolló con una fuerte presencia policial por temor a que se generen incidentes. En las audiencias quedaron al descubierto varias cosas, entre ellas los repetidos errores que cometió la Policía. El oficial Claudio Brito y los suboficiales Armando Ponce y Roberto Andrada fueron a declarar como testigos y terminaron demorados y con una causa en su contra. En sus declaraciones, producidas tres días después del hecho, los policías aseguraron que en el recorrido habían recibido una pedrada por parte de los simpatizantes “decanos” y que al regresar y ver a Caro en el piso, hicieron un “rastrillaje” en busca de sospechosos, de los que no tenían ninguna referencia.
Pero en el juicio, negaron haber sufrido agresiones. Empezaron a plantear distintas versiones sobre lo que hicieron al toparse con el herido, que -dijeron- estaba rodeado por vecinos y por algunos policías, de los que no pudieron dar detalles identificatorios. Uno de los uniformados que estaban allí les impidió a los vecinos y a otros efectivos que se habían acercado a ayudar que llevaran a Caro al hospital, según dijeron varios testigos.
Andrada, al ver que sus dos compañeros habían sido demorados, dio una tercera versión, que se asemejaba más a la primera; pero, de todos modos, la presidenta del tribunal, Prieto, ordenó que fuera alojado en la Alcaidía. La jueza tuvo términos durísimos para con los policías, especialmente con Brito, que era el jefe de los demás, por no haber averiguado qué le ocurría al herido, no haber anunciado a sus superiores lo ocurrido y no haber hecho averiguaciones para detener a los agresores o avisarle a la familia del menor. “Su actitud fue tan negligente que raya en la canallada”, le dijo Prieto a Brito luego de anunciarle que le enviaría una recomendación al Ministerio de Seguridad, -”porque es una vergüenza para la Policía que vista el uniforme”, dijo-.
El debate no fue largo, pero tuvo un final polémico. Los querellantes y la fiscal, Marta Jerez de Rivadeneira, hicieron planteos disímiles. Las defensas apuntaron a otros acusados para lograr la absolución.
La fiscala había pedido que “Flay” y Fenoglio fueran condenados a 12 años de prisión por el crimen de Caro. “Se comprobó que ellos emboscaron e hicieron disparos (contra los hinchas de Atlético)”, aseguró. El querellante José Agustín Ferrari había sido mucho más duro. Solicitó que todos los Roldán, Fenoglio y Velázquez fueran condenados por homicidio agravado por alevosía y premeditación. El profesional destacó que entre 1924 y 2003 hubo 217 muertos en espectáculos futbolísticos. “Luis fue atacado en forma cobarde y artera, y perdió la vida por una concepción típica argentina: la pasión pura por el fútbol”, sostuvo. Cergio Morfil, defensor de los Roldán y de la esposa de “Flay”, había pedido la absolución. El abogado sostuvo que no había pruebas para acusarlos y que la Policía no había investigado otras pistas. La misma estrategia utilizaron los defensores públicos que asistían a los otros imputados.
Las audiencias no fueron suficientes para determinar quién había sido el autor del crimen. Argañaraz, el herido que sobrevivió al ataque reconoció que fue “Flay” el que lo había herido, pero lo ubicó en otro lugar donde se disparó el balazo que mató a Caro. Varios testigos indicaron que el proyectil salió de un arma de uno de los simpatizantes de Los Andes que huyó de la provincia a los pocos minutos de haberse desencadenado la tragedia. Pero esa teoría perdió fuerza porque las pericias balísticas –severamente cuestionadas por las defensas de los imputados-, el arma asesina fue el revólver calibre 22 que se le secuestró a Fenoglio. Por eso surgió una tercera hipótesis: el autor del homicidio fue otro integrante de La Banda del Camión.
Los jueces sorprendieron con el fallo. Condenaron a nueve años de prisión a Fenoglio por el crimen de Caro, por ser propietario del dueño del arma. Su familia reclamó por su inocencia, pero nunca aportó el dato de quién había sido el autor del hecho. “Flay” Roldán recibió una pena de ocho años por haber herido a Argañaraz. Los otros siete imputados fueron absueltos. La familia de la víctima, que inició una demanda civil en contra de los clubes y de la Cervecería Norte que organizó el encuentro, recibió una indemnización de más de $ 300.000, menos de la mitad de lo que había solicitado.
Advertencia
La jueza Prieto era considerada como una mujer dura, que hacía temblar a todas las partes y que no le temblaba el pulso a la hora de argumentar sus fallos. Y eso es lo que hizo con esta causa. “Durante el debate tuvimos que escuchar la naturalidad con que algunos hinchas reconocían que iban a la cancha con armas de fuego. Son los mismos que reciben entradas de favor y que asisten con redoblantes y vestidos para que se los individualice. Se sienten temidos y logran que el resto de la gente no se atreva a mirarlos”, aseguró la magistrada.
“También quedaron demostradas la indiferencia y la falta de humanidad de los organizadores de este tipo de espectáculos deportivos, así como el estado de indefensión en que se encuentran los espectadores”, afirmó Prieto al ordenar que se suspendieran todos los clásicos. “Hoy no está garantizada la seguridad de quienes sanamente concurren a ver un encuentro deportivo. Mientras esto no se revierta y hasta que los organizadores demuestren que el lucro fácil no es lo único que buscan, este tipo de partido seguirá suspendido”, indicó la magistrada a LA GACETA en 2004. Han pasado 16 años desde que emitiera esas palabras y nada cambió.
El fallo pasó al cajón de los olvidos y las consecuencias estuvieron a la vista. No hubo derby tucumano que se disputara con ambas hinchadas desde esa fecha que no haya terminado con incidentes. En la lista aparecen los que organizaban para recaudar fondos previos a los campeonatos, los del Federal A y el de la Copa Argentina. Todos empezaron y terminaron mal. Los vecinos y los mismos hinchas sufrieron en carne propia el salvajismo. La decisión, entonces, fue la más simple: un clásico sólo puede ser presenciado por la parcialidad local desde hace años. Los violentos terminaron ganando y le robaron al simpatizante común la mayor fiesta del fútbol tucumano.
Oportunidad perdida
Ni la Justicia, ni la Policía ni los dirigentes de los clubes vieron la condena del crimen de Caro para mejorar las cosas. Ninguna de las tres partes se atrevió a cerrarles las puertas aplicándoles el derecho de admisión a los miembros de Los Inimitable (si bien no fueron juzgados por este caso, pero sus nombres aparecen en el expediente) y de La Banda del Camión, que fueron enjuiciados por el hecho. Ambas barras bravas crecieron a partir de ese momento. La “decana” se adueñó del poder total de la tribuna y fue señalada por montar varios negocios dentro y fuera del Monumental de 25 de Mayo y Chile; la “santa” no pudo quedarse con el dominio absoluto, pero terminó siendo una de las más fuertes y reconocidas.
“Flay” Roldán volvió a ser noticia a nivel nacional en 2010, cuando se disputaba el Mundial de Sudáfrica. De ese país fue deportado cuando las autoridades descubrieron que intentaba ingresar acompañado por Héctor “Bebote” Álvarez, jefe de la barra de Independiente y uno de los máximos referentes de Hinchadas Unidas Argentinas, una especie de cofradía de todos los violentos a nivel nacional cuya creación fue alentada por un sector del kirchnerismo. El líder a La Banda del Camión se encontraba con libertad condicional por el crimen de Caro y, al haber viajado sin autorización de la Justicia, volvió al penal de Villa Urquiza.
“Les pido mil disculpas. Si hubiese sabido que podía perder la libertad por irme a ver el Mundial, me quedaba y gastaba la plata en terminar de construir mi casa”, dijo Roldán cuando fue presentado en los tribunales. “Hice los trámites como cualquier ciudadano común. No me pidieron certificados de buena conducta y pude sacar el pasaporte en la sede de la Policía Federal”, le dijo a la prensa mientras era escoltado por varios agentes del Servicio Penitenciario. Volvió a la cárcel, pero quedó poco tiempo detenido, ya que por tener buena conducta se le otorgaron ciertos beneficios. Así se cerró uno de los hechos más dolorosos de la historia del fútbol tucumano, pero la paz no regresaría nunca más.