Proyectos inmobiliarios tensan relaciones en Yerba Buena

Los ánimos en el Concejo Deliberante de Yerba Buena se encuentran caldeados. Los ediles peronistas Marcelo Albaca y Héctor Aguirre presentaron el viernes su renuncia a la comisión de Obras y Servicios Públicos, que preside el camperista José Macome.

Los pedidos -cada vez más recurrentes- de desarrolladores inmobiliarios para que se otorguen excepciones al ya desactualizado Código de Ordenamiento Urbano (COU) venían acarreando rispideces entre oficialistas y opositores. Y estos roces comenzaron a provocar chispas desde hace algunas semanas por el debate de distintas iniciativas inmobiliarias, una de ellas porque no queda claro si está dentro de la jurisdicción de Yerba Buena o corresponde a la de Villa Carmela.

Sin límite definido

La Municipalidad envió al Concejo un pedido de factibilidad urbanística para el loteo de un barrio privado en un predio de unos 63.000 metros cuadrados ubicado al oeste del basural del barrio El Bernel, impulsado por el empresario Marcos Bulacio. Desde la oposición consideraron que el terreno se encuentra en otra jurisdicción y que no corresponde legislar al respecto. El oficialismo, en tanto, remarcó que elevaron a Catastro un pedido de informes para determinar hasta dónde llegan los límites del municipio, ya que consideran que no está claro.

Macome aseguró a LA GACETA desconoce por qué miembros del Gabinete del Ejecutivo, que encabeza Mariano Campero, enviaron el expediente al Concejo. Afirmó que las dudas respecto a los límites surgieron en su comisión, por lo tanto desde allí se pretende echar luz al respecto. En tanto que el presidente del Concejo, el radical Rodolfo Aranda, advirtió que esta iniciativa no cuenta con “ningún tipo de dictamen”, y advirtió que si el terreno tiene una parte en Cebil Redondo será más complejo el trámite para darle factibilidad.

Cuestionamientos

Aguirre y Albaca, únicos opositores de una comisión que también integran los oficialistas Marcelo Rojas y Álvaro Apud, se expresaron en desacuerdo con el modo de trabajar de Macome y lo dejaron establecido en la nota de renuncia que enviaron a Aranda. En el escrito, señalaron que no comparten “el forzado criterio de interpretación que se pretende aplicar a las ordenanzas vigentes”. A su vez, reprocharon que no se distribuya a cada edil una copia de los expedientes de emprendimientos inmobiliarios para su estudio previo a su tratamiento, a pesar de que fue solicitado de manera reiterada, de modo verbal y por escrito. “Macome pone en discusión los temas que a él le interesa; cajonea proyectos”, se explayaron los ediles peronistas en diálogo con este diario. Consideraron, a su vez, que se otorgan “excepciones encubiertas” al COU, al tiempo que reclamaron por el avance de un expediente presentado en 2019 para hacer una ampliación en un colegio.

“Planteos políticos”

Al respecto, el titular de Obras y Servicios Públicos dijo que la mayoría de los miembros no lo interpreta así y consideró que “la comisión viene trabajando muy bien desde hace tres años”, con más de 350 expedientes tratados, lo que consideró un récord. “Sería una lástima que estos concejales nos abandonen porque todo ese trabajo recaerá sobre los tres que quedamos”, manifestó. Y agregó: “nosotros queremos que todas las voces estén representadas en esa comisión”.

Aranda aclaró que aún con tres miembros, la comisión de Obras y Servicios Públicos puede seguir funcionando y emitir dictámenes. Respecto a los cuestionamientos contra Macome, consideró que son motivos políticos por los que se pide que dé un paso al costado de la presidencia, al tiempo que aclaró que su comisión “nunca ha aprobado ninguna excepción que no sea con la anuencia del Poder Ejecutivo”.

Rojas, por su parte, remarcó que las vías de excepciones existieron siempre, y dijo que seguirá en la comisión porque consideró que no se ha votado nada en contra de lo que se quiere para el municipio. “En los años que venimos trabajando, para mí se han hecho bien las cosas. Yerba Buena tuvo un crecimiento que diría ordenado, en lo que se puede. Estamos hablando de un Código de Planeamiento Urbano que ya es obsoleto y que hay que cambiarlo”, reflexionó.

Concejo dividido

Ediles opositores consideraron que hubo en los últimos meses hubo un “mal manejo” en el Concejo, y aseguraron que actualmente se encuentra dividido. “Me sorprende que se le dé más importancia a los inversores que a la necesidad del vecino”, planteó el bussista Gonzalo Cisneros. En ese sentido, recordó que hace meses presentó proyectos contra el dengue que aún no se han tratado.

Cisneros también se expresó en contra de una iniciativa inmobiliaria en San Martín y La Paz. Aseguró que se pretende levantar un edificio de tres pisos para realizar 59 departamentos, lo que consideró que atentaría contra la intimidad de los vecinos y colpasaría de tránsito una zona que ya está al límite.

El edil Alejandro Sangenis (Hacemos Tucumán) consideró que hay “poca transparencia” en la Comisión de Obras Públicas, lo cual provoca “sospechas de favoritismo”. A su vez, apuntó contra el presidente del Concejo, al que acusó de actuar “con impericia”.

Lisandro Argiró, por su parte, insistió con el pedido de que se haga llegar a cada concejal una copia de los proyectos de urbanizaciones especiales (superiores a los 2.500 metros cuadrados), como también cuando se contemplen excepciones al COU. Además, presentó un proyecto para remarcar que el Concejo no tiene por función acordar o negociar con ningún emprendedor, y en él se solicita “la eliminación en dictámenes y/o expedientes de enunciados atribuyendo a este concejo facultades que por ley no posee ni pretende ejercer”.