Alfonso Santiago (h): “la reforma más revolucionaria sería dejar a la Corte de la Nación como está”

A diferencia del común de los mortales, que sólo puede conformarse con la fotografía que le permita el tamaño de su memoria, el catedrático Alfonso Santiago (h) [1962, Ciudad de Buenos Aires] tiene en la mente la película de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde su creación en 1863 hasta hoy. Este jurista reconocido por sus modales distinguidos y su precisión técnica ha dedicado muchos años a estudiar y a entender esa institución llamada a cumplir el rol de última instancia de defensa del Estado de derecho y de la Constitución. En un diálogo que empezó por e-mail, prosiguió por WhatsApp y Zoom; continuó por teléfono y terminó por el medio que había comenzado, Santiago (h) analizó las ideas posibles y concretas para cambiar la Justicia, y concluyó que, respecto de la Corte, hay que hacer algo que, en principio, parece muy fácil: no hacer nada. “La reforma más revolucionaria sería dejarla como está”, afirmó.

Figura de la Universidad Austral y autor de un ensayo clave, “Historia de la Corte Suprema Argentina” (2014), Santiago (h) evaluó que el estrado que la coalición oficialista analiza ampliar y dividir en salas tiene un “funcionamiento aceptable”: “puede ser mejorado, pero con el cuidado de que ello no implique un deterioro de su independencia y de su capacidad de gestión”. Al revés de lo que muchos creen y piensan, esa mejora pasa por disminuir el número de casos que la Corte resuelve por año, que en el presente asciende a los 7.500. Este volumen está muy alejado de las 100 causas que revisa la Corte Suprema de Estados Unidos, el modelo institucional que inspiró el diseño del máximo tribunal nacional. “Desde hace años el estrado argentino intenta aplanar la cifra porque el ideal es que pueda resolver muy bien pocas causas. ¿Por qué esto es así? Porque hay una especie de ley que dice que, a menor competencia, mayor poder. Pocos procesos con valor estratégico, alto impacto, etcétera, y muy bien estudiados aumentan el prestigio y la influencia de la Corte como poder del Estado. En vez de hacer un trabajo más muscular, hace un trabajo más cerebral. Este es el paradigma hacia el que debemos ir”, explicó.

Alfonso Santiago (h) es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor de Derecho Constitucional, y director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Se destaca como un estudioso del pasado de la Justicia: publicó 20 obras, entre ellas “Historia de la Corte Suprema Argentina” (2014); “Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (2018) y “El control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo” (2019). Es miembro de academias jurídicas y de ciencias sociales nacionales y extranjeras.

Desde el punto de vista de la composición, Santiago (h) subrayó que cinco miembros es la cantidad original y la que la Corte tuvo la mayor parte del tiempo salvo durante las experiencias de incremento de ministros que hubo en los períodos 1960-1966 y del ex presidente Carlos Menem. “La Corte, además, posee cinco integrantes nombrados por distintos gobiernos: el ex presidente Eduardo Duhalde designó a Juan Carlos Maqueda; Néstor Kirchner, a Elena Highton y a Ricardo Lorenzetti, y Mauricio Macri nombró a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti. Es decir, desde el punto de vista de su composición, se trata de un tribunal con posibilidades de ser independiente”, reflexionó. Y añadió que eso es justamente lo que podría desaparecer.

-¿Cuáles son los peligros que advierte en el horizonte de la Corte?

-Los riesgos que la amenazan son dos. Uno es el aumento del número de jueces: todo incremento de magistrados de un tribunal en una misma gestión presidencial afecta la independencia en la medida de que existe la posibilidad de crear una mayoría propia, como ocurrió en la década de 1990. Esto deteriora la imagen y produce un desequilibrio: perderíamos lo que hemos conseguido en los últimos años que es la renovación natural con integrantes escogidos por distintos mandatarios. Otro riesgo es la distorsión del rol institucional, que implicaría convertir a nuestro tribunal constitucional en uno de tercera o cuarta instancia que revise todos los juicios civiles y penales, en especial estos últimos. A eso apuntaría la idea que circula de dividirla salas, que desfiguraría el perfil que tiene nuestra Corte. Esta hipótesis me parece muy desacertada.

-¿Puede repasar cómo varió el número de miembros en el pasado?

-Históricamente la Corte tuvo cinco integrantes desde sus inicios hasta 1960. En ese momento pasa a siete y así funciona hasta el 66. Después, en 1990 Menem establece la integración de nueve hasta que Néstor Kirchner, con la opinión muy favorable de Cristina Kirchner, vuelve a recuperar la de cinco. En cuanto a la renovación natural por fallecimiento, renuncia o jubilación de los miembros, esta rigió desde los comienzos, 1863, hasta 1947, cuando hubo un juicio político a tres de sus integrantes. Pero hasta 1947 e incluso con golpes de Estado, la Corte fue renovada naturalmente. Desde 1947 en adelante, cada vez que hubo un cambio de signo político en el Poder Ejecutivo, hubo también una renovación casi total en la Corte. Esto ocurre en el 47 con Juan Domingo Perón, que remueve a cuatro; en 1955, el golpe de Estado de la Revolución Libertadora expulsa a cinco; Arturo Frondizi llega a nombrar otros cinco gracias a la ampliación de 1960; en 1966, la Revolución Argentina deja sin efecto lo anterior y pone a cinco; en 1973, renuncian todos y llega una nueva Corte; en 1976, el Proceso de Reorganización Nacional nombra a su Corte; en 1983, con Raúl Alfonsín, vuelve a haber un cambio total; Menem nombra a seis gracias a la decisión de incrementar el número, y Kirchner hace el juicio político y hay una nueva renovación. Finalmente Macri encuentra dos vacantes y las logra cubrir. Lo que vemos es que desde el 47 en adelante cada vez que hubo una modificación significativa en el rumbo político ello se tradujo en la integración total o mayoritaria de la Corte.

-¿Qué implica esa inestabilidad?

-Es muy negativa para la independencia, para la imagen y la credibilidad de la Corte. Lo deseable es que esta tenga una renovación natural de modo tal que cada Presidente pueda nombrar a un ministro en la medida en que se produzcan vacantes dentro de su período y no que se creen artificialmente cargos porque promuevan el juicio político o aumenten el número de jueces. Esto todo el mundo lo lee como una amenaza a la independencia judicial.

-¿Sería una “reforma revolucionaria” dejar a la Corte como está en función de este derrotero?

-Exactamente. Estamos teniendo desde 2005 algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo, que es una renovación natural de la Corte y una integración donde ninguno de los presidentes ha nombrado a la mayoría. Lo novedoso, lo republicano y lo que va a mejorar la calidad institucional es no afectar la integración de la Corte.

-Algunas provincias (Salta, Catamarca y Jujuy) tomaron la delantera en el retorno sobre los pasos menemistas y decidieron recientemente ampliar sus cortes...

-Con mucha frecuencia el poder político siempre intenta colonizar también el Poder Judicial: es una tendencia histórica. Y esto es algo que tanto la oposición como la sociedad civil, mediante los abogados, las organizaciones no gubernamentales y los profesores, tienen que resistir todo lo que puedan porque deteriora la calidad institucional. El poder siempre tiende a expandirse y a controlar a los que lo pueden controlar. Si puede hacerlo, muy probablemente lo hará. Y no podrá hacerlo si la sociedad y la oposición con firmeza se lo impiden. La tendencia colonizadora de los gobiernos es casi unánime. Una forma de impedirlo es fijar el número de integrantes de la Corte en la Constitución porque, para modificarlo, haría falta reformar la Carta Magna: haría falta más que una ley. La Constitución Nacional de 1853 establecía en 9 el número de jueces de la Corte. La reforma de 1860 dejó de lado eso y dijo que la ley definiría el número de integrantes. Una forma de blindar esto es que esa cifra tenga rango constitucional.

-¿Qué opina sobre la presencia del defensor de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, en el consejo de expertos que debe asesorar al Presidente sobre temas muy sensibles, como el rediseño de la Corte?

-Más allá de los antecedentes que pueda tener a título personal, la participación de Beraldi pone un sesgo a la comisión que afecta su credibilidad. Existe una cierta incompatibilidad ética entre defender profesionalmente a la vicepresidenta y, simultáneamente, integrar un comité que va a sugerir cambios en la organización judicial donde hay que resolver esas causas. Me parece que, en función de los estándares altos de ética republicana, la incompatibilidad es muy clara. También me preocuparía mucho que, como consecuencia del asesoramiento, la Corte sea ampliada y alguno de los candidatos a ocupar los nuevos cargos sean los propios integrantes de la comisión. También me aflige el peso que tienen los penalistas: esto llama un poco la atención a quien observa con imparcialidad la integración de la comisión.

-Entre las cuestiones concretas que propuso el presidente Alberto Fernández está la licuación de los Tribunales Federales penales de Comodoro Py y la cobertura de los nuevos cargos sin observar la Ley de Subrogancias sancionada en 2017, que a la vez sigue los lineamientos del fallo “Uriarte” (2015) de la Corte de la Nación...

-El proyecto de ley concreto fusiona dos fueros federales: el penal y el penal económico. De este modo, a los 12 jueces de Comodoro Py se sumarán los 11 integrantes del fuero federal en lo penal económico: eso lo puedo compartir. Después hay un intento de pasar a la Ciudad de Buenos Aires todas las competencias que no sean federales: esto también puedo compartirlo. Luego hay una unificación de los fueros civil y comercial federal, y en lo contencioso administrativo federal: con alguna reserva, lo puedo compartir. Lo que no puedo compartir para nada es que crearán 23 juzgados penales federales más y otros 94 en todo el país: con las defensorías y fiscalías se llega a un plantel de casi 300 cargos judiciales nuevos. Cuando Menem hizo la reforma penal en 1993, la Justicia Federal tenía 600 integrantes: él la llevó a 900. Y ahora estaríamos creando de un solo saque otro tanto más. Esta capacidad para hacer nombramientos en manos de un solo Gobierno representa un riesgo de colonización grande, más aún por la intención de colocar subrogantes. Sería mucho más importante cubrir con jueces probos los cuatro cargos de la Justicia Federal de Comodoro Py que hoy están vacantes. ¿Cómo se llegó a crear Comodoro Py? Mediante la designación masiva de jueces, muchos de ellos con antecedentes insuficientes. Así se gestó ese fuero que tantos problemas nos ha ocasionado en los últimos 25 años. Además, ¿qué urgencia hay en esto? ¿Cómo afrontaremos este costo estimado entre $ 4.000 y $ 5.000 millones anuales? Soy muy crítico de estos cambios: son peligrosos por la experiencia, más allá de que sólo sería válido nombrar subrogantes en cargos que tuvieron jueces en propiedad designados por concursos, y por los motivos económicos y de oportunidad. ¿Cuál es la urgencia? La colonización de la Justicia Federal, en particular de la penal, pero también en general.

-¿Coincide con la impresión de que todo esto encuentra como génesis el problema que los argentinos tenemos para castigar la corrupción?

-Nos está pasando por delante un elefante, aunque quieran hacernos ver que no lo es. Si uno analiza simultáneamente qué es lo que hicieron en el Consejo de la Magistratura de la Nación con la revisión de nombramientos de jueces que actúan en causas de corrupción; qué es lo que pretenden hacer con el procurador general a cargo en este momento (Eduardo Casal) y qué es lo que propone esta reforma cabe sospechar que el objetivo fundamental es lograr finalmente la impunidad frente a delitos que se están investigando y llevando a juicio. No ver detrás de estas maniobras, sobre todo en sus tiempos y urgencias, una búsqueda de impunidad es no querer llamar las cosas por su nombre. De otra forma es muy difícil explicar muchas cosas desde la integración de la comisión de expertos hasta el momento por demás inoportuno de plantear semejante modificación.

- La reforma parte de una diagnóstico innegable y es que la Justicia Federal deja mucho que desear, pero en Tucumán hemos visto reformas que hicieron que el Poder Judicial empeorara. ¿Cómo hay que hacer para modificar la institución para bien y para aumentar su crédito social?

-Debe mejorar como organización y allí es clave la selección de su personal, y que haya realmente concursos transparentes para el acceso a la magistratura que permitan que lleguen jueces idóneos y con méritos propios, y capaces de resistir a las presiones del poder político. Segundo: los poderes judiciales deben funcionar de manera más abierta. Por imperio del principio de rendición de cuentas, los tribunales tendrían que informar a la sociedad la cantidad de casos que reciben y cuántos resuelven, y generar internamente una cultura de mejora y transformación para conocer en forma objetiva mediante datos periódicos de gestión qué jueces trabajan bien, regular y mal. La cuestión de la transparencia debe ser tomada en serio porque la Justicia es, en general, un poder opaco. En tercer lugar, debe haber un funcionamiento correcto de los mecanismos de sanción y de remoción de los jueces. Los casos de los jueces (Norberto) Oyarbide y (Rodolfo) Canicoba Corral merecían que se llevaran adelante procesos de juicio político mediante los cuales se hubiera podido aclarar o no la veracidad de las denuncias publicas que se les hicieron. En la Argentina vemos cómo los sistemas de acusación y remoción judicial funcionan, muchas veces, como sistemas de protección en los distintos gobiernos. Particularmente debemos ser claros con la separación de los servicios de inteligencia de la magistratura: es algo nefasto de Comodoro Py que no debe suceder. Y luego necesitamos un control patrimonial de todos los jueces: es decir, que haya atención permanente sobre este aspecto. Hay experiencias exitosas de reformas judiciales, como la enmienda procesal civil en Mendoza y la introducción del juicio por jurados. La propia reducción del número de miembros de la Corte y el establecimiento de las audiencias públicas, por ejemplo, resultaron avances, pero es justo lo que ahora quieren destruir. Los mejores procesos de transformación institucional suceden de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo con la participación de los actores involucrados. Es urgente que el propio Poder Judicial asuma la necesidad de cambiar y que esto esté liderado por las cortes con el acompañamiento de los restantes jueces.