Cano, contra la reforma judicial: "amenaza a la república, es inoportuna y está desconectada de la gente"

El diputado nacional tucumano José Cano (Juntos por el Cambio) se manifestó en contra de la propuesta del presidente Alberto Fernández para reformar la Justicia. “Es una iniciativa inoportuna y está desconectada de la gente, además de amenazar a la república y de asegurar la impunidad”, dijo por escrito. 

Además, criticó su estructuración técnica, la demanda de mayor financiamiento, la composición del consejo de expertos para recomendar cambios adicionales y "el hecho de que el Presidente no haya hecho autocrítica por la protección que sus socios ofrecieron a los jueces venales ni denunciado formalmente los abusos que endilgó al Poder Judicial".

“Los argentinos transitan días de extremada preocupación por la pandemia de la covid-19: están ocupados en cómo llegar a fin de mes y cumplir con las obligaciones contraídas, y en cómo mantener o generar nuevos ingresos, y ajustarse para asegurar la subsistencia familiar y laboral”, manifestó el diputado. Y añadió que nada irritaba más al pueblo que ver a sus gobernantes alejados de sus necesidades: “es en este contexto donde la pretendida reforma judicial se presenta... cuanto menos resulta inoportuna. Los argentinos demandan a las autoridades respuestas que hacen a la contención de la inflación real; la generación de empleos; la reducción de la presión fiscal; el achicamiento del Estado; la eficiencia del gasto público; etcétera”.

Según Cano, en nada soluciona la problemática económica y de seguridad de los argentinos la decisión política de duplicar juzgados penales; transferir jurisdicciones y competencias, o la institucionalización de las designaciones de jueces subrogantes dependientes de la confirmación del poder político. “Ni siquiera se ha pensado de donde saldrán los recursos para la fenomenal planta de personal y sueldos”, observó. El diputado precisó que, si bien compartía la necesidad rediseñar algunos matices de la organización judicial para dotarla de mayor celeridad y transparencia, advertía que la república estaba amenazada. “El discurso presidencial pareciera haber identificado al Poder Judicial como el nuevo objetivo político sobre el cual descargar el odio militante”, opinó.

“El Presidente hizo afirmaciones sobre componendas judiciales, y manipulación de causas y sorteos. Y describió un estado de sospecha, de corrupción y putrefacción judicial que extrañamente no ha merecido de su parte la articulación de ninguna denuncia penal. Sabemos que estos males existen, pero es justamente el oficialismo quien ha provisto amparo a jueces que debieron ser destituidos y condenados por su mal desempeño”, dijo Cano. 

En cuanto al Consejo Consultivo (el grupo de 11 expertos convocado por Fernández), el diputado consideró que su existencia “ponía en capilla” al sistema judicial y no había justificativos para integrarlo con profesionales como el defensor (Carlos Beraldi) de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Se ha prescindido así de la opinión de instituciones con incumbencias específicas como es el caso del Consejo de la Magistratura, los colegios profesionales y las asociaciones de magistrados, que poseen solvencia institucional y funcional para opinar y aportar fundadamente sobre el mejoramiento del Poder Judicial”, reprochó. Además de Beraldi, integran el comité Inés Weinberg, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Hilda Kogan, Omar Palermo, Enrique Bacigalupo, Marisa Herrera, María del Carmen Battaini y Claudia Sbdar (presidenta de la Corte Suprema de Tucumán).

Cano había anticipado que "la ciudadanía iba a resistir este avance contra la independencia del último bastión de la defensa de los derechos: esta lógica de gestión kirchnerista, que pareciera haber sido impuesta al Presidente, debe ponernos en alerta. El proyecto se presenta como punta de lanza de una reforma judicial que sabemos cómo empieza, pero no como termina, y que será utilizada para reformular el funcionamiento de los juzgados, y digitar la designación de jueces subrogantes y la asignación de competencias con el objetivo de asegurar la impunidad y el fenecimiento de las causas en trámite, y no con la finalidad de justicia”.