01 Agosto 2020
SIN SERVICIO. En Tucumán, este año el servicio de colectivos públicos se vio interrumpido durante 28 días y medio. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
En marzo, con el conflicto del transporte en plena ebullición, el Poder Ejecutivo había sorprendido con el envío del proyecto de ley firmado por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que se provincialice el servicio. A casi cinco meses, sin embargo, la iniciativa quedó en estudios de comisiones.
El propio vicegobernador Osvaldo Jaldo se había expresado ofuscado en aquel momento, luego de una medida de fuerza que afectó la actividad pública, privada y la escolar. “No estamos dispuestos a que pocos empresarios tengan de rehén a todos los tucumanos. Estamos hablando de más de 300.000 usuarios que necesitan de un servicio público como el transporte”, había expresado el titular de la Legislatura.
Dicha iniciativa faculta al Ejecutivo para que en 90 días revise, reestructure y ordene el servicio de transporte público de pasajeros (declarado en emergencia mediante la Ley 9.102), “pudiendo al efecto sustituir, modificar, rescindir, revocar, declarar caducas concesiones, licencias, permisos, habilitaciones y autorizaciones” a las empresas.
En mayo, ante nuevas medidas de fuerza, la Legislatura aprobó una norma (Ley 9.248) impulsada por el jefe del bloque oficialista, Roque Álvarez, para que todo subsidio y compensación tarifaria que reciban las empresas sean destinadas prioritariamente para el pago de salarios. De todos modos, los meses siguientes continuaron las medidas de fuerza.
Distintas iniciativas referidas al transporte público ingresaron a la Cámara en las últimas semanas. Una de ellas es la del oficialista Dante Loza para que se conforme una comisión de seguimiento del sistema de transporte público de pasajeros. Dicho proyecto tiene el respaldo de al menos cuatro legisladores de Fuerza Republicana. Antes, el radical José María Canelada propuso que se modifique la Ley de Transporte Público (6.210) para que quede establecido que “el servicio no podrá ser totalmente interrumpido por ninguna causa”.
La republicana Nadima Pecci, respaldada por sus compañeros de bancada, también propuso modificaciones a la Ley 6.210. Algunas de ellas son que el servicio sea declarado esencial, para que se preste de manera continua, uniforme, regular y sin interrupciones, y que la explotación esté exclusivamente a cargo de la Provincia. También otorga a la Provincia la posibilidad de crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem).
En la iniciativa de Pecci también se contempla la posibilidad de que si una empresa concesionaria dejara de prestar servicio por razones propias, la Provincia debe hacerse cargo, con los mismos vehículos o con material rodante propio. Además, se considera que debe haber un castigo.
El legislador Walter Berarducci (PJS) propuso que se cree un fondo fiduciario de transporte, con el fin de que se garantice la prestación efectiva del servicio. La bussista Sandra Orquera, en tanto, impulsa un proyecto de resolución para que senadores y diputados tucumanos reclamen en el Congreso una equitativa repartición de subsidios provinciales con las provincias.
Raúl Pellegrini (PJS), en tanto, solicitó mediante un proyecto de resolución que el Ejecutivo descuente los días no prestados del servicio.
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