El fin de una era en el transporte

El conflicto del transporte público de pasajeros está entrampado en un intríngulis que incluye subsidios, decisiones políticas, especulaciones empresarias, presiones gremiales, una extensa crisis económica y una pandemia letal.

Por eso las partes involucradas ya no dudan en afirmar que el sistema de concesión del servicio a empresas privadas, que a su vez son subsidiadas, está agotado. El último paro, que concluyó ayer, significó que los tucumanos no tuvieron colectivos 28 días y medio, con un mayo que contó más jornadas sin servicio que con él: 18. Está claro que la situación no da para más y que de ello tomaron nota los empresarios, el gremio y los actores políticos. César González, el titular de la Unión Tranviarios Automotor, ya avisó que están dispuestos a analizar y aceptar una suerte de estatización del servicio -si así se determina- siempre y cuando contemple no dejar a ninguno de sus agremiados sin trabajo. Jorge Berretta, en LA GACETA Play, también se mostró dispuesto a charlar al respecto, con un sistema que admita una suerte de “alquiler” de las unidades al Gobierno provincial y al municipio.

No son los únicos. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, también dijo que había que ponerle punto final a la situación y que en la Legislatura estaban analizando varias opciones. En el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán también se habla del tema y se estaría por presentar un proyecto de ordenanza al respecto.

El problema principal, según empresarios y gremio, es que el Gobierno nacional distribuye de manera inequitativa y absolutamente arbitraria los subsidios de transporte. Algo de eso hay. Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un pedido de ampliación presupuestaria por $ 1,8 billones, que contempla más subsidios para el transporte, pero sólo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El resto de las jurisdicciones deberán gestionar por su cuenta ese dinero en el marco de un fondo fiduciario. Son nada más y nada menos que $ 25.300 millones sólo para Buenos Aires. Tucumán recibe $ 152 millones, más un aporte que realiza el Gobierno provincial por $ 62 millones.

Berretta dio otra pista: “sé que gente del Gobierno y del municipio están hablando con funcionarios salteños para ver cómo trabaja Saeta”. La Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor funciona en Salta y gestiona el servicio público de pasajeros. Su sistema, entre otras cuestiones, contempla un pago por kilómetro recorrido a los empresarios del transporte como forma de compensación por la utilización de las unidades. Pasando en limpio: si Berretta habló de ello, en el Concejo se presentaría un proyecto y en la Legislatura se analizan varias opciones; está claro que más temprano que tarde se avanzará con la estatización.

En la provincia circulan 56 líneas de colectivos, que ocupan a 3.600 choferes distribuidos en 1.200 colectivos. Una de las preguntas principales es quién se hará cargo de los choferes. ¿Pasarán a engrosar la ya regordeta planta estatal? ¿Se hará un sistema mixto? ¿Seguirán siendo empleados “privados”?

Por allí pasa el principal escollo en la discusión por la creación de un servicio estatal. Jaldo no quiso adelantar ni una letra de lo que se está discutiendo sobre este particular, pese a admitir que se lo está haciendo. En el Concejo Deliberante, en tanto, intentarían avanzar con un sistema casi idéntico al de Saeta. Mucho tendrá que ver en la decisión final lo que el gobernador Juan Manzur pueda obtener de su amigo el presidente, Alberto Fernández. La distribución de subsidios continuará siendo antojadiza y sin criterios preestablecidos (como cantidad de pasajeros por provincia, de viajes, etcétera) y la provincia necesitaría el visto bueno nacional en cuanto a envío de recursos para hacerse cargo de algo que no termine convirtiéndose en un problema, sino llevando la solución que la sociedad ya pide a gritos.

Eso quedó claro en una encuesta de LA GACETA. Ante la consulta “¿cuál es la solución al conflicto del transporte?”, de los casi 1.000 votos, el 43,8% de las personas coincidió en que “hay que quitar las licencias”. Muy parejos, en segundo y tercer lugar -con el 20,1% y 22,2%- quedaron las opciones “estatizar” y “reorganizar”. Por último, “aumentar subsidios”, se llevó el 4,9%. Los tucumanos están enojados y los empresarios y funcionarios lo saben.

Habrá que ver si alumbra un nuevo modelo de prestación del servicio y si finalmente los conflictos llegan a su fin o si la bronca social continúa en aumento y termina forzando cambios menos pensados.