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Según la calificadora de riesgo crediticio Moody’s, la reestructuración de la deuda de las provincias permitirá a los gobernadores ahorrar el dinero destinado a intereses para impulsar la recuperación de la economía. En su diagnóstico, enfatizó que Río Negro, Mendoza y Buenos Aires dejaron de pagar los intereses de bonos colocados en el mercado internacional y resaltó que cuánto más se flexibilicen las negociaciones con los acreedores, podría llevar a políticas públicas más débiles para incrementar el gasto corriente y discrecional.
“Como la mayoría de las provincias se encuentran en un proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera, el alcance de la condonación de deuda determinará sus niveles de crecimiento futuro”, evaluó.
Según Moody’s, “las características de los canjes de deuda y la estructura de capital que surja de las negociaciones determinará las perspectivas de crecimiento, ya que menores servicios liberará espacio fiscal para impulsar oportunidades de inversión”. En ese sentido, sostuvo que “las próximas elecciones gubernamentales son en 2023, por lo que la carga de la deuda reestructurada recaerá sobre las administraciones futuras”.
Por otro lado, la calificadora advirtió por la suba del desempleo en las provincias a partir de la pandemia, que “afecta a los gobiernos regionales a través de sus efectos en la economía local”. “Más aún, un descenso en las contrataciones del sector privado incrementa la necesidad del empleo público para impulsar la economía”, lo que pone en aprietos sus cuentas públicas, si se tiene en cuenta que los salarios estatales se llevan el 50% de los presupuestos. Mientras tanto, más del 45% de los empleos dependen del sector manufacturero, comercio, construcción y hoteles y restaurantes, como en el caso de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Córdoba, porcentaje que por su parte, en la Capital Federal se acerca al 25%.
“Los ingresos provinciales y dependencia de sectores ligados a la demanda de los consumidores también determinará la severidad del shock”, consideró. Paralelamente, “la reducción de ingresos y la incertidumbre económica golpeó la confianza de los consumidores y por ende la demanda de bienes durables”, lo que se reflejará en la recaudación de tributos provinciales ligados a la compraventa de autos o de propiedades. Asimismo, considera que la baja de Ingresos Brutos debilitará las cajas provinciales, ya que ese impuesto representa cerca del 80% de las recaudaciones locales.