Después de siete años, los legisladores vuelven a impulsar la destitución de un juez

La comisión de Juicio Político de la Legislatura intentará expulsar a Roberto Guyot, titular del Juzgado de Ejecución Penal de la capital. La decisión fue tomada con el voto unánime de los legisladores presentes y anunciada a las 12.40 de ayer por el presidente del comité, el oficialista Zacarías Khoder. Esta iniciativa activa el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que había recibido una acusación contra un juez ordinario por última vez en 2013. Ese mecanismo dispondrá de 90 días corridos desde la notificación del acusado para recibir las pruebas y los alegatos en una sesión pública, y definir si destituye o absuelve a Guyot.

A la reunión de este miércoles asistieron, además de Khoder, los parlamentarios Sergio Mansilla, Julio Silman, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Carlos Gómez, Raúl Pellegrini y Mario Casali (se ausentaron Enrique Bethencourt y Reneé Ramírez). Si bien no trascendieron los fundamentos de la acusación que serán notificados hoy a Guyot -los parlamentarios deliberaron a puertas cerradas-, Khoder anticipó que habían acumulado en el mismo procedimiento la denuncia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y una de las presentaciones del abogado Gustavo Morales. “Descartamos la denuncia de que Guyot habría facilitado el ingreso de drogas a la cárcel porque no lo hemos comprobado. Hemos decidido quedarnos con las objeciones particulares y directas: hay múltiples situaciones de mal desempeño”, explicó el presidente al término del encuentro en la Legislatura.

Khoder descartó que Guyot sea víctima de violencia institucional como aquel planteó ante la comisión legislativa y dos organismos internacionales: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay hechos concretos para analizar. Por ejemplo, el caso del preso (Daniel Eduardo) Lazarte. El mismo médico de la cárcel pidió que el reo fuera sometido a exámenes: no hubo un cuidado por parte del juez Guyot y Lazarte terminó falleciendo. Otro asunto muy concreto es su actuación respecto del delincuente que se escapó (Martín Emilio Nieva)”, manifestó Khoder.

Las denuncias contra el primer y único juez de Ejecución Penal de la capital cuestionan también su intervención dilatoria e inoficiosa en el pedido de socorro del preso Reynaldo Gabriel Farías. La Corte añadió que el acusado había recibido recomendaciones por ausentarse injustificadamente de su despacho, y por no “aplicar la ley y la jurisprudencia”. A ello se suma una sanción por hacer que un preso, Aldo Chávez, le lavara el auto y su exclusión del plantel de magistrados de turno durante la pandemia por la falta de colaboración.

En las extensas respuestas que presentó al comité, Guyot dijo que era blanco de un ataque infundado y un perseguido. Y exigió el reconocimiento de un derecho de defensa amplio con el que pretende demostrar el trato discriminatorio que, según su criterio, la Corte le prodigó. En ese afán, el juez defendido por el abogado Víctor Taleb pidió informes sobre los viajes, horarios de trabajo, subrogancias pagas y licencias de los magistrados de la provincia, entre muchas otras pruebas.

La información tanto de la acusación como de la defensa será presentada al Jurado de Enjuiciamiento que preside Daniel Leiva, vocal de la Corte (no firmó la denuncia contra Guyot). Completan este instituto creado en 2006 un representante del Poder Ejecutivo y uno de la abogacía, y cinco legisladores elegidos por simple mayoría. Los jurados pueden ser recusados con causa por los motivos de apartamiento previstos en el Código Procesal Penal de Tucumán.