21 Julio 2020
EN REUNIÓN. Sandra Mendoza de Orellana preside la comisión de Peticiones y Acuerdos. Foto de Archivo / Prensa HLT
La Legislatura recibió cinco pliegos de designación de magistrados enviados por el gobernador, Juan Manzur, para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial de la Provincia. Y a pesar de que las designaciones no serán tratadas en la sesión del jueves, ya se desató la polémica por uno de los candidatos propuestos por el jefe del Poder Ejecutivo (PE).
Sobre la base de los concursos efectuados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Manzur se inclinó por el juez de Instrucción de la II Nominación en lo Penal, Facundo Maggio, para que sea uno de los integrantes del Tribunal de Impugnación, órgano que reemplazará a la Cámara de Apelaciones en lo Penal en el nuevo diseño de los tribunales locales. Se trata de una instancia clave, ya que será la última etapa revisora de sentencias y otras decisiones judiciales (como detenciones) previa a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Sólo restan los informes de rigor que solicite la comisión de Peticiones y Acuerdos y las entrevistas a Maggio y a los demás candidatos, y el oficialismo -que cuenta con mayoría calificada- podrá ratificar los pliegos tanto en el comité parlamentario como en el recinto de la Cámara.
En el marco del procedimiento de designación de magistrados, esta es la oportunidad que tienen particulares y organizaciones sociales de objetar los nombramientos.
Ya ingresaron planteos de impugnación de parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Hijos-Tucumán y del abogado penalista Gustavo Morales.
Estos escritos deberán ser analizados por la comisión de Peticiones y Acuerdos, que resolverá si corresponde o no darles curso o rechazarlos.
Hasta el momento, los legisladores Federico Masso (Libres del Sur) y José Canelada (UCR) se han manifestado en contra de la designación de Maggio en ese tribunal clave, ya que el letrado tiene lazos de parentesco con el ministro fiscal Edmundo Jiménez y participó como defensor en juicios por causas de delitos de lesa humanidad.
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