Conflicto durante la cuarentena: piden el juicio oral de dos indigenistas que controlaban la ruta 307

La investigación de uno de los conflictos más polémicos de la cuarentena obligatoria concluyó con el pedido de juzgamiento de las hermanas y comuneras Margarita y Verónica Mamaní. En su dictamen del 2 de julio, Mónica García de Targa, fiscala de Instrucción en lo Penal de Monteros, desarrolló los hechos y las pruebas de los supuestos delitos cometidos por las indigenistas en el control del acceso a las poblaciones de los Valles entre el 20 de marzo y el 2 de mayo. El requerimiento ha de ser analizado por el juez Mario Velázquez, quien en su momento ordenó el despeje de la ruta 307 y la detención domiciliaria de Margarita Mamaní. Esta decisión judicial primero fue repelida, pero, luego y por la fuerza, el control instalado a la altura del puente “Ing. Roberto Robles Mendilaharzu” pasó a manos de la Policía y de las autoridades públicas.

“En un Estado democrático de derecho la sociedad no puede permanecer inerte ante el avasallamiento de unas civiles que de facto asumieron atribuciones estatales indelegables, como lo es ni más ni menos que la restricción de los derechos individuales de los ciudadanos, tales como la libre circulación y tránsito”, manifestó García de Targa. Y añadió: “justamente ello ocurrió durante 42 días en el corte dispuesto aproximadamente en el kilómetro 48 de la ruta 307. En ese lugar, el personal policial de la Comisaría de El Mollar, las veces que estaba presente, fue subyugado por Margarita Mamaní, como lo acreditan sobradamente los numerosos testimonios recopilados”.

Al declarar como imputada, la mayor de las hermanas, que se presenta como cacica de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar -título que también esgrime el comunero Enrique Cruz-, negó incluso haber desobedecido la orden de desalojo del juez Velázquez. “Sólo me basé en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la Agentina para hacer un control junto a la Policía de El Mollar. Queríamos resguardar la salud y la integridad de nuestras familias (...), e impedir la entrada de la pandemia en nuestro territorio ancestral. La infraestructura no está preparada y para nosotros, los indígenas, los contagios podían ser una catástrofe”, dijo. Verónica Mamaní añadió que quienes pedían los documentos e interrogaban a los transeúntes eran los policías. “Nunca estuvimos solos”, agregó.

El requerimiento de juicio oral y público endilga once presuntos actos ilícitos a Margarita Mamaní, y tres a su hermana. Según la fiscala, la primera debe responder por haber violado el aislamiento obligatorio ordenado por el presidente Alberto Fernández e incitado a proceder del mismo modo a sus seguidores, y haber asumido la facultad de decidir quiénes y en qué condiciones podían pasar a los Valles. La fiscala García de Targa precisó que el 30 de abril Margarita Mamaní manifestó “en todo momento” que no iba a cumplir la orden de desalojo de Velázquez y que el intendente tafinisto Francisco Caliva (PJ) fue testigo de ello. “Mamaní se valió de la turba (que había convocado por Facebook) que aseguraba que, si la detenían, iba a correr sangre. Por ese motivo, el personal policial se retiró sin concretar la medida”, relató. La fiscala recordó que, después de esta escena de tensión, Margarita Mamaní se encadenó a un poste de la carpa que había montado.

El dictamen incluye los testimonios de lugareños y de residentes; de veraneantes que pretendían verificar el estado de sus propiedades; de un médico que debía cumplir su función en El Mollar; de ciudadanos que tenían que viajar para satisfacer necesidades de salud y de alimentación, y hasta de Cruz, el comunero que disputa el cacicazgo a Margarita Mamaní. “Quiero aclarar que ella renunció a la Comunidad Indígena en 2014 y que en 2018 me eligieron a mí en una asamblea en la que incluso participó el abogado Carlos Garmendia, quien trabajaba en un programa de Acceso a la Justicia”, expresó. Cruz dijo que era su obligación denunciar a la comunera porque se arrogaba funciones estatales con autoritarismo y arbitrariedad. Y agregó que había recibido amenazas, y que él y su familia tenían mucho miedo. Las versiones de intimidaciones abundan entre los denunciantes de la indigenista, que el 29 de abril dijo a LA GACETA que ella no era una coimera ni estaba obligada a cumplir la cuarentena porque el Gobierno la protegía, y que, a modo de prueba, comentó que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, había ido a visitarla al piquete la noche anterior.

La pesquisa: la fiscala Targa detalló las irregularidades constatadas

Mónica García de Targa, fiscala de Instrucción Penal de Monteros, detalló en el pedido de enjuiciamiento de las hermanas indigenistas Margarita y Verónica Mamaní las anomalías que había constatado en el corte de la ruta 307 “al mando de la primera”. “Hubo una obstaculización del paso a personas con permiso de circulación nacional; obstaculización e impedimento de paso a personas con tratamiento de salud de suma urgencia; obstaculización e impedimento de circulación a funcionarios públicos; vulneración de acceso a necesidades básicas de salud y educación, y restricciones horarias completamente arbitrarias. (Las imputadas) ejercieron de hecho poderes totalmente ilegítimos, y llevaron a cabo actos de discriminación, coerción, cohecho y violencia, entre otros”, dijo la fiscala.

Amaicha y Quilmes: “Levantamos el corte de ampimpa porque el ministro Maley nos prometió diálogo”

Eduardo Nieva, cacique de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, comunicó ayer que habían levantado el corte instalado junto a la Comunidad de Quilmes en el kilómetro 110 de la ruta 307 (Ampimpa) para impedir el paso a los visitantes luego de que el Comité Operativo de Emergencia (COE) habilitara el turismo interno previa obtención de un permiso. “Nos retiramos de la ruta porque el ministro (de Seguridad), Claudio Maley, nos prometió diálogo. Él habló con el cacique de Quilmes, Francisco Chaile, y acordaron una reunión para el martes”, explicó Nieva en un contacto telefónico. El comunero adujo que tenían muchas necesidades sanitarias y que, por el cierre de las fronteras, habían quedado a 160 kilómetros de distancia de un hospital bien equipado.